jueves, 3 de agosto de 2017

El trabajador que utiliza el correo electrónico de la empresa para enviar mensajes personales a otros empleados y directivos, no incurre en injuria



El trabajador que utiliza el correo electrónico de la empresa para enviar mensajes personales a otros empleados y directivos, no incurre en injuria








Partes: Pérez Pablo Martín c/ Sprayette S.A. y otro s/ despido
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Sala/Juzgado: II
Fecha: 17-feb-2017
Cita: MJ-JU-M-104593-AR | MJJ104593 | MJJ104593

La utilización del correo electrónico provisto por empleador, para enviar un mensaje personal a directivos y empleados de la empresa, no configura injuria suficiente.
Sumario:

1.-Es procedente concluir que la decisión rupturista del empleador fue desproporcionada en tanto el hecho que imputó al trabajador, cual es el envío de un mensaje de correo electrónico a empleados y personal jerárquico de la empresa sobre cuestiones personales, no revistió entidad suficiente constitutiva de injuria en los términos del art. 242 de la LCT., máxime teniendo en cuenta que laboró el más de diez años para la accionada y no fue sancionado con medidas disciplinarias progresivas previas adecuadas.
2.-El principio de proporcionalidad entre la falta y la sanción que emana del art. 242 de la LCT., se traduce en que no cabe justificar el despido por una falta susceptible de ser proporcionadamente sancionada mediante una sanción.
3.-Si bien el Plenario N.º 323 del 30/6/2010 al disponer que cuando de acuerdo al primer párrafo del art. 29 de la LCT. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el art. 8 de la Ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria , sólo refiere al art. 8 de la Ley 24.013, su doctrina también sustenta la procedencia de la multa del art. 1 de la Ley 25.323, pues la multa se impone a la reputada empleadora principal por la falta de registración de la relación, aún cuando sí lo hubiera hecho la usuaria.
Fallo:
VISTO Y CONSIDERANDO:
En la ciudad de Buenos Aires, el 17 de febrero de 2017, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
La Dra. Graciela A. González dijo:
Contra la sentencia de primera instancia, se alzan la demandada Compañía Argentina de Marketing Directo S.A. ­ex Sprayette S.A.- (fs.
461/466) y el actor (fs. 473/475). El accionante contesta agravios a fs. 476/479, Complementos Empresarios S.A. lo hace a fs. 481/483 y Compañía Argentina de Marketing Directo S.A. a fs. 484/485. La perito contadora a fs. 460 apela los honorarios que le fueron regulados en origen, por considerarlos bajos.
Compañía Argentina de Marketing Directo S.A. (ex Sprayette S.A.) se agravia de que la Sra. Jueza a quo haya considerado que el despido directo analizado en la presente causa resultó injustificado. También critica la condena al pago de las multas previstas en los arts. 80 de la L.C.T. y 1 de la ley 25.323, y la relativa a la entrega de los certificados a los que alude el art. 80 citado. A su vez objeta la tasa de interés fijada en la anterior instancia.Además cuestiona la imposición de costas dispuesta en origen y los honorarios de la representación letrada del accionante y de la perito contadora, por estimarlos altos, a la vez que objeta que los porcentajes de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes se deban calcular sobre el monto total de condena más intereses.
El actor critica la tasa de interés establecida en grado.
Además se agravia de la exoneración de responsabilidad dispuesta en torno a Complementos Empresarios S.A.
Delimitados de este modo los temas traídos a conocimiento de este Tribunal, por razones de orden metodológico analizaré, en primer lugar, la queja de la demandada relativa a la causa del despido y la condena al pago de las indemnizaciones derivadas de dicha extinción.
Adelanto que, luego de un pormenorizado análisis de las constancias de la causa propiciaré desestimar la crítica.
A fin de lograr una mayor claridad expositiva resulta oportuno transcribir la misiva extintiva: “.comunicámosle ruptura del vínculo laboral por su exclusiva culpa y responsabilidad (.) La decisión adoptada encuentra suficiente sustento fáctico y jurídico en que usted ha utilizado indebidamente y para fines personales, totalmente ajenos a las tareas que Ud. desarrollaba y tenía asignadas en la empresa la cuenta de e-mail, servicio de correo electrónico e internet proporcionados por su empleadora. En tal sentido, usted ha utilizado dichas herramientas de trabajo para fines extralaborales durante la jornada de trabajo que le corresponde, cuyo uso estaba destinado exclusivamente a los fines laborales. Lo cierto es que en fecha 26/04/11 el servidor efectuó la verificación y constatación del envío de un correo electrónico proveniente de su casilla de correo laboral identificada como (.) dirigido a empleados y personal jerárquico de la empresa, cuyo contenido es el siguiente:.Gente perdón que los moleste por este e-mail, pero desde hace dos semanas se me quemó la heladera si alguno tiene o sabe de alguna que tengan para vender usada, pasarme el dato por favor, ya que está fuera de mi presupuesto comprar una nueva y muchas cosa no puedo consumir por falta de la misma. Desde ya muchas gracias y perdón si esto fue una molestia (.) La conducta antes descripta implica un gravísimo incumplimiento de sus obligaciones laborales.” De conformidad con la regla de la sana crítica (art. 386 CPCCN) y de acuerdo con las constancias de la causa, concuerdo con lo resuelto en origen, en cuanto a que la decisión rupturista resultó desproporcionada en tanto el hecho que se le imputó al actor no revistió entidad suficiente constitutiva de injuria que imposibilitara la prosecución del vínculo en los términos del art. 242 de la LCT, máxime teniendo en cuenta que el actor -quien laboró más de diez años para la accionada- no fue sancionado con medidas disciplinarias progresivas previas adecuadas (art. 67 LCT). Todo ello contraría el principio de conservación del contrato de trabajo (art. 10 LCT) y el de buena fe (arts. 62 y 63 LCT), que deben regir en todo vínculo laboral.
En otras palabras, considero que la circunstancia descripta por la principal, aun de reputarse probada, no configura un incumplimiento de magnitud suficiente como para justificar la aplicación de la máxima sanción impuesta, en especial porque configura un incumplimiento que pudo ser merecedor de una sanción acorde con la gravedad que revestía.
La ley es clara cuando establece que no cualquier incumplimiento autoriza el despido, en tanto el mismo debe tener entidad suficiente como para impedir la prosecución del vínculo. Así, cada supuesto deberá ser analizado pormenorizadamente, teniendo en cuenta para ello las circunstancias del caso y los antecedentes del trabajador. En efecto, el principio de proporcionalidad entre la falta y la sanción que emana del art.242 de la L.C.T., se traduce en que no cabe justificar el despido por una falta susceptible de ser proporcionadamente sancionada mediante una sanción menor (Justo López en la “La Ley de Contrato de Trabajo”, t. II, pág. 1189, redactada en colaboración con Centeno y Fernández Madrid).
En consecuencia, propiciaré desestimar las quejas en análisis.
Por su parte, la manifestación efectuada por la recurrente acerca de que le habría abonado al actor la liquidación final no se condice con ninguna prueba rendida en la causa, por lo que cabe desestimar dicho planteo.
Tampoco tendrán favorable recepción las críticas de la demandada en relación con la multa a la que alude el art. 1 de la ley 25.323 y la relativa a la deficiente registración a la que hizo referencia la judicante de origen.
Cabe destacar que la Sra. Jueza a quo concluyó: “no sólo no existe en autos prueba alguna que demuestre el carácter excepcional y extraordinario de las tareas que invoca la demandada (.) sino que, el plazo de tres años por el cual se extendió, contraviene las disposiciones del art. 72 de la ley 24.013; lo que me lleva a concluir en torno al carácter de empleadora de Compañía Argentina de Marketing Directo SA (ex Sprayette SA) durante todo el lapso en que el actor prestó tareas a su favor, conforme lo reglado en el art. 29 de la LCT y, en consecuencia, la irregularidad de su inscripción por parte de aquélla, lo que determina el progreso del reclamo de la multa prevista en el art.1 de la ley 25.323”.
Es oportuno señalar que no hay controversia en cuanto a que el actor, desde el 13/07/2005 al 27/04/2011 prestó servicios en las instalaciones de Compañía Argentina de Marketing Directo SA (ex Sprayette SA) y los testigos expresaron que las órdenes de trabajo al actor se las daba personal de dicha empresa.
Además, de los testimonios de la causa se extrae que en un primer momento el accionante se desempeñó como telemarketer y luego como supervisor, tarea ésta última que la cumplió desde 2006 hasta la extinción del vínculo en 2011, es decir tanto cuando se encontraba registrado por una como por otra de las demandadas.
Asimismo, a diferencia de lo aseverado por la apelante, los testigos Rodríguez (fs. 364), Cejas (fs. 365) y Martin (fs. 366) dieron cuenta de que el accionante tenía a cargo empleados que efectuaban tareas de ventas de teléfonos móviles y líneas de personal durante la totalidad del periodo. Tales declaraciones fueron coincidentes y los declarantes expresaron circunstancias que percibieron a través de sus sentidos, por lo que las impugnaciones efectuadas no logran inhabilitar sus dichos y, en cambio, cabe otorgarles plena eficacia convictiva en el aspecto señalado (art. 90 LO y 386 CPCCN).
A su vez, arriba firme a esta instancia que el actor, previo a ser registrado por Compañía Argentina de Marketing Directo SA (ex Sprayette SA) -quien lo registró a partir de agosto de 2008 y reconoció su antigüedad desde el 13/07/2005-, laboró en dicha empresa sin solución de continuidad desde el 13/07/2005 hasta el 27/04/2011. En consecuencia, resulta ostensible que el plazo de tres años en el que fue contratado por Compañía Argentina de Marketing Directo SA a través de la intermediación de Complementos Empresarios SA contraría las disposiciones del art. 72 de la ley 24.013.
Lo precedentemente expuesto conduce a ratificar lo resuelto en grado acerca de la irregularidad registral detectada, en tanto es aplicable lo dispuesto en el art.29 primer párrafo de la LCT, pues la real empleadora del accionante desde el 13/07/2005 fue Compañía Argentina de Marketing Directo SA, pese a que los primeros tres años del vínculo haya utilizado la intermediación de Complementos Empresarios SA en los términos del art. 29 citado.
A ello cabe agregar que, si bien reiteradamente he sostenido en supuestos similares al presente, analizando el tema desde la perspectiva de la ley 25.323 (como así también desde la óptica de la ley 24.013), que no mediaba una situación de clandestinidad, puesto que el trabajador sí se encontraba registrado, no viéndose privado del goce de beneficio social alguno y siendo la única irregularidad que los deberes legales habían sido cumplidos por una empresa que, aunque era responsable solidaria, no era su verdadera empleadora, lo cierto es que la Cámara en Pleno resolvió mediante Acta Nº 2552 del 30/6/2010 (Plenario Nº 323) que “cuando de acuerdo al primer párrafo del art. 29 de la L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria”.
Al respecto, tal como ha resuelto esta Sala en la causa “Benavente, María Isabel C/ Consolidar A.R.T. S.A. y otros s/ despido” (SD 1 01981 del 31-07-2013), entre otros, en el sentido que la derogación de los arts. 302/303 del CPCCCN por parte del art. 12 de la ley 26.853 no resulta aún operativa a tenor de lo dispuesto por el art.15 de dicha ley, de manera que deberían considerarse ultractivos y, por ende, vigentes las doctrinas plenarias sentadas por esta Cámara y con efecto obligatorio.
Del mismo modo, no obstante lo precedentemente señalado, “aún de no ser así, resultaría de todas maneras conveniente, por razón de seguridad y previsibilidad jurídica -y por imperio de la lógica- seguir los criterios uniformadores derivados de la muy rica doctrina sentada por esta Cámara desde agosto de 1946. De ahí que, si se considerase que los Acuerdos Plenarios han perdido vigencia obligatoria, me parecería adecuado seguir aplicando las doctrinas sentadas por este prestigioso cuerpo especializado en forma potestativa”.
Asimismo, corresponde agregar que si bien el Fallo Plenario sólo hace referencia a la aplicación del art. 8 de la ley 24.013, su doctrina también otorga adecuado sustento para disponer la procedencia de la multa reclamada con fundamento en el art. 1º de la ley 25.323, pues aún sin soslayar que no corresponde la aplicación analógica de plenarios en cuestiones que no fueron las estrictamente planteadas en su convocatoria, conforme la doctrina fijada, lo cierto es que la multa se le impone a la reputada empleadora principal por la falta de registración de la relación, aún cuando sí lo hubiera hecho la usuaria, lo que determina también la procedencia de la indemnización prevista en el art. 1º citado.
Por todo lo expuesto propondré desestimar las objeciones analizadas.
Las críticas de la demandada dirigidas a modificar lo resuelto en torno a la indemnización a la que alude el art. 80 de la LCT y a la entrega de los instrumentos previstos en dicha norma, no tendrán favorable recepción.
En efecto, el accionante intimó correctamente para que le entregaran la precitada documentación (conf. prueba oficiaria de fs. 290, 291 y 294), y los instrumentos que se encuentran glosados a fs.48/52 no reflejan los verdaderos datos del vínculo, de acuerdo con los extremos que quedaron acreditados en autos.
A su vez, contrariamente a lo expuesto por la recurrente, es dable poner de resalto que en autos quedó acreditado su carácter de empleadora directa de la accionante durante la totalidad del vínculo laboral, es decir, desde el 13/07/2005, lo que sella la suerte del planteo.
En cuanto a las objeciones relativas a la tasa de interés, planteadas tanto por el accionante como por Compañía Argentina de Marketing Directo SA (ex Sprayette SA), adelanto que propondré hacer lugar a la del actor y desestimar la de la demandada.
Cabe ponderar que, luego del dictado de la ley 25.561 y a raíz de las nuevas variables económicas vigentes, este Tribunal reiteradamente ha sostenido que la merma que el valor de los créditos de los trabajadores sufre por la demora y aún más por la mora en su reconocimiento y pago puede ser conjurado por los jueces mediante el uso adecuado de la tasa de interés (ver, entre otros, “Miño, Miguel Ángel c/ El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo Edificación y Crédito Ltda.” -SD Nº 61.653 del 3/11/2011-). En tal contexto es que la salida del régimen de convertibilidad y la indefectible desvalorización de los créditos de los trabajadores, llevaron a adoptar una tasa Fecha de firma: 17/02/2017 de interés diferenciada sujeta a factores variables, como la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos que, como se analizó en el acuerdo de Cámara del 7/5/2002 (Acta CNAT Nº 2357) se encuentra dirigida a compensar el eventual envilecimiento de la moneda, teniendo en cuenta el doble carácter resarcitorio y moratorio de los intereses.Posteriormente, ante la nueva realidad imperante y con el mismo fin la mayoría de esta Cámara resolvió, por Acta 2601 del 21/05/14 “.que la tasa de interés aplicable sea la Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses.(.) Establecer que la tasa de interés aplicable comience a regir desde que cada suma es debida respecto de las causas que se encuentran sin sentencia y con relación a los créditos del trabajador”.
Por lo expuesto, propongo modificar lo resuelto a su respecto en grado, e imponer que los intereses se calculen de acuerdo con la tasa precitada que emana del Acta 2601 del 21/05/14, debiendo complementarse lo dispuesto con lo resuelto por Acta CNAT 2630 del 27/04/16.
El actor se queja de la eximición de responsabilidad dispuesta en origen respecto de Complementos Empresarios SA, quien no fue demandada en autos sino que compareció en carácter de tercera citada, crítica que, adelanto, considero debe desestimarse.
Cabe destacar que, aun cuando en el mejor de los supuestos pudiera admitirse la postura sustentada en la presentación recursiva, es criterio de esta Sala que no corresponde extender la condena a quien comparece a la causa en calidad de tercero citado y no por haber sido demandado, en tanto “.la modificación introducida al art. 96 del CPCCN por la ley 25.488, no permite considerar desplazado el principio básico según el cual no es factible extender la condena a un tercero, ya que, lo contrario, implicaría fallar extra petita y vulnerar el principio de congruencia (art. 34 inc. 4 CPCCN)” (S.D. Nº 104.781 del 30/9/15 in re “Ruiz Díaz, Antonella Giselle c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente acción civil”, del registro de esta Sala).
A mayor abundamiento cabe agregar que la Sra.Jueza a quo concluyó: “.no cabe más que exonerar de responsabilidad a la tercera citada – Complementos Empresarios SA-, dado que no se encuentra alcanzada por las consecuencias indemnizatorias del despido adoptado por la aquí accionada, como así tampoco por las previsiones del art. 1 de la ley 25.323 teniendo en cuenta que de la prueba pericial contable surge acreditada la obligación de registro a su cargo (ver fs. 379)”.
Es oportuno reiterar que de las constancias de la causa se observa que el actor prestó servicios a favor de Compañía Argentina de Marketing Directo SA (ex Sprayette SA) desde el 13/07/2005, en una primera etapa a través de la intermediación de Complementos Empresarios SA, y a partir de agosto de 2008 fue registrado directamente por Compañía Argentina de Marketing Directo SA (ex Sprayette SA) quien ejercitaba las facultades de organización y dirección de las tareas que prestó el actor (arts. 64 y 65 LCT), y quien requirió los servicios del trabajador (art. 26 LCT), con la particularidad que para ello se sirvió de una intermediaria en los términos definidos por el primer párrafo del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo que actuó hasta el 31/07/2008, dado que Compañía Argentina de Marketing Directo SA (ex Sprayette SA) lo registró a partir del 01/08/2008.
En este orden de ideas concuerdo con la eximición de responsabilidad respecto de Complementos Empresarios SA pues los rubros derivados de la extinción del vínculo habido con Compañía Argentina de Marketing Directo SA (ex Sprayette SA) nacieron con posterioridad al cese de la intervención asumida por Complementos Empresarios SA.Es decir, a la época en que aconteció la ruptura del vínculo laboral con Compañía Argentina de Marketing Directo SA (ex Sprayette SA), la codemandada Complementos Empresarios SA no era intermediaria en los términos del art.
29 de la LCT ni se hallaba vinculada de modo alguno a la relación, por lo que mal podría responsabilizársela por aquellas obligaciones que nacieron posteriormente por la ruptura del vínculo con la empleadora (en similar sentido, sentencia 97.420 del 20/11/09 in re “Iaria, Adrián Eduardo c/ TQ SA y otro s/ despido” del registro de esta Sala; y S.D. Nº 101.615 del 27/03/2013, en autos “Fossati Víctor Lucas c/Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT y otro s/despido” , expediente Nº 28.522/10, entre otros).
En idéntico orden de ideas, a diferencia de lo peticionado por el recurrente, tampoco procede la extensión de condena contra la tercero citada respecto de la multa prevista en el art. 1 de la ley 25.323, para cuyo cálculo se utiliza la indemnización por despido a la que alude el art. 245 de la LCT.
En consecuencia, se impone desestimar la queja del actor relativa a la eximición de responsabilidad establecida en origen en torno a la tercero citada.
La crítica relativa a la imposición de costas corresponde desestimarla en virtud del principio objetivo que emana del art. 68 del CPCCN pues la demandada resultó vencida en el reclamo entablado por el actor y se desestimó la extensión de condena de la empresa a quien citó como tercero.
En cuanto a las apelaciones de honorarios introducidas por la demandada y por la perito contadora, habida cuenta las labores realizadas, el valor económico del pleito y las pautas arancelarias que emergen de los arts.
38 L.O., 6, 7, 9, 19 y 37 de la ley 21.839 y del dec.16.638/57 corresponde hacer lugar a la queja de la accionada y desestimar la de la auxiliar de la justicia, y reducir los honorarios fijados en primera instancia a la representación letrada del accionante y a la perito contadora al 15% y 6%, respectivamente, porcentajes a calcularse sobre el monto total del reclamo -capital e intereses-. En cambio cabe desestimar el planteo de la accionada quien objeta que los porcentajes de los honorarios de los profesionales que actuaron en el expediente se calculen sobre el capital de condena actualizado con los intereses, pues dicho aspecto del pronunciamiento resulta adecuado de conformidad con las pautas arancelarias que emanan de las disposiciones legales precitadas.
Las costas de Alzada propiciaré imponerlas a cargo de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 del C.P.C.C.N., a cuyo fin, con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, en mérito a la extensión de la labor desarroll ada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y tercera citada, propongo que se regulen sus honorarios en el 25%, para cada una, de las sumas que les corresponda percibir respectivamente por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.
El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: adhiero a las conclusiones de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la tasa de interés fijada en grado y ordenar que los intereses se calculen desde la fecha establecida en origen de acuerdo con la tasa precitada que emana del Acta 2601 del 21/05/14, debiendo complementarse lo dispuesto con lo resuelto por Acta CNAT 2630 del 27/04/16. 2) Reducir los honorarios fijados en primera instancia a la representación letrada del accionante y a la perito contadora al 15% y 6%, respectivamente, porcentajes a calcularse sobre el monto total del reclamo -capital e intereses-. 3) Confirmar la sentencia de grado en lo restante que fue materia de recursos y agravios. 4) Establecer las costas de Alzada a cargo de la parte demandada. 5) Fijar los honorarios de esta instancia de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y tercera citada, en el 25%, para cada una, de las sumas que les corresponda percibir respectivamente por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.
Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Miguel Ángel Maza
Juez de Cámara
Graciela A. González
Juez de Cámara

FUENTE: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/08/02/el-trabajador-que-utilza-el-correo-electronico-de-la-empresa-para-enviar-mensajes-personales-a-otros-empeados-y-directivos-no-incurre-en-injuria/

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