lunes, 4 de febrero de 2013

LOS INTERROGANTES QUE SE ESTÁN PLANTEANDO EN NUESTROS TRIBUNALES.

LOS INTERROGANTES QUE SE ESTÁN PLANTEANDO EN NUESTROS TRIBUNALES.


03/02/13
La tecnología informática y el enorme desarrollo de las telecomunicaciones, especialmente Internet, han planteado al sistema penal distintos desafíos y la necesidad de cambios en las normas. Es fácil advertir que el avance de la tecnología es más rápido que la adecuación del Derecho a este nuevo fenómeno. Más lento aún resulta el proceso de capacitación de los operadores del sistema penal sobre estas nuevas herramientas tecnológicas, aún cuando resulta creciente su influencia como medio de prueba.
Conceptos como el de dirección IP, datos de tráfico y contenido, alojamiento de información en la nube, registro y secuestro de datos en soportes informáticos o búsquedas en redes sociales se han hecho comunes en el lenguaje de las investigaciones, aún cuando la ley no los ha regulado de manera adecuada y jueces, fiscales y abogados no han recibido capacitación y, en muchas ocasiones, desconocen nociones básicas.
Así, se produce una utilización poco eficiente de estas herramientas tecnológicas o, peor aún, un uso abusivo de ellas, violando garantías individuales (la prensa ha dado cuenta de importantes investigaciones que se caen por nulidades en la adquisición de la evidencia digital).
Desde el sentido común parece evidente que el intento de aplicar las normas pensadas para la evidencia física a entornos digitales no puede arribar a buenos resultados. Algunos ejemplos permiten advertir la complejidad de los problemas que se plantean.
Supongamos que un juez autoriza el registro y secuestro de documentos almacenados en el sistema informático de un banco (por ejemplo, de los movimientos de cuenta de un acusado). Si se tratara de documentos físicos solo sería posible encontrar aquellos documentos que están en el domicilio que es objeto del allanamiento en el momento en el que se produce la medida. En el caso de un disco rígido, la búsqueda con elementos de informática forense permite encontrar no sólo los documentos existentes sino también los que fueron borrados incluso meses o años antes. La cuestión se puede complicar aún más.
Supongamos ahora que los documentos que sirven para la investigación están alojados en el servidor del banco que está en un país extranjero. ¿Es posible adquirir la evidencia sin que esto constituya una violación al principio de territorialidad o a la soberanía del país donde está el servidor? Pensemos en las causas por distribución de pornografía infantil que se inician en otros países por investigaciones realizadas por agentes que “rastrillan” la red, cuando esta medida no está prevista por nuestra legislación. Estos son sólo una muestra menor de los interrogantes que se están planteando en nuestros tribunales, sin solución en la ley actual.
FUENTE: MARCOS SALT, CLARÍN. 
Profesor de Derecho Penal
y Procesal (UBA)

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