martes, 18 de enero de 2022

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO://procedimientospolicialeseguridadinfor.blogspot.com/2019/05/politica-de-cookies.htm

 



NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO, PROTECCIÓN DE DATOS Y COMERCIO ELECTRÓNICO


El Derecho a la Protección de Datos en un derecho independiente y autónomo, constitucional y que contempla el valor y dignidad la persona humana, como lo son el derecho a la intimidad y a la privacidad.  También son colocados en esta categoría de derechos subjetivos los derechos de consumidores y usuarios con respecto  a bienes y servicios, ofrecidos por empresas comerciales o sociedades privadas, estatales o mixtas.

La inclusión de modelos de negocios en la Web, ha posibilitado al máximo el aumento de conexiones on line entre empresarios, proveedores, distribuidores y usuarios, como la compra y venta a través de la web, la subasta electrónica, las carteras  de clientes en bases de datos virtuales, la reservas de un producto o servicio a través de un sitio web de la empresa, las páginas web y la identificación de la marca comercial como referente de identidad corporativa, el marketing digital a través de las redes sociales, las encuestas a los consumidores sobre las expectativas del producto o su satisfacción o insatisfacción, etc.  La realización de transacciones comerciales y financieras a través de la Web ofrece un sinfín e posibilidades de expansión, pero no descuidando la seguridad de la información y la protección de datos personales, el mayor activo que puede tener una empresa[1], la base de su capital, la información y el adecuado manejo de los recursos humanos, no solo los financieros.

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés), consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de datos, sin embargo con el advenimiento de la Internet y la World Wide Web a mediados de los años 90 comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de Internet, usando como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito o el actual bitcoin.

La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido de manera extraordinaria debido a Internet. Una gran variedad de comercio se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización de innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, la administración de cadenas de suministro, el marketing en Internet, el procesamiento de transacciones en línea (OLTP), el intercambio electrónico de datos (EDI), los sistemas de administración del inventario y los sistemas automatizados de recolección de datos.

La mayor parte del comercio electrónico consiste en la compra y venta de productos o servicios entre personas y empresas, sin embargo un porcentaje considerable del comercio electrónico consiste en la adquisición de artículos virtuales (software y derivados en su mayoría), tales como el acceso a contenido «premium» de un sitio web.[2]

En el Comercio Electrónico se aplican reglas comunitarias o de Cooperación Internacional, ya que las transacciones entre países y empresas (de diferente índole; casas matrices o sucursales), intercambio de flujos de datos y de operaciones financieras , se desarrollan en el marco de la sociedad globalizada. Las normas debe ser heterogéneas para su fácil aplicación , respetando la legislación interna de los países pero adaptándose al Derecho Internacional Público y Privado, como son los convenios y resoluciones de  de la OMC o de la ONU, Tratados Internacionales incorporados por las Constituciones , jurisprudencia comunitaria ( proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte de Europa), etc.

En la legislación de la República Argentina, el Derecho Constitucional de los Consumidores y usuarios está contemplado en el Art. 42 de la Ley Fundamental: “  Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.” También la Ley 24. 240 y sus modificaciones.

La Protección de Datos es fundamental para un correcto desarrollo de las economías en respeto y promoción de los derechos constitucionales y humanos, tanto de los consumidores como de los empresarios, en una sana y equilibrada competencia y labor comercial, donde todos los actores puedas desarrollar sus aptitudes y capacidades en pos del trabajo digno y ético.

La seguridad informática debe estar presente más que nunca en estas cuestiones, ya que los delitos informáticos[3] van en aumento con las incorporación de las Tics[4] al mundo de los negocios, ya que la vulnerabilidad es mayor al estar en  le red: mas circulación de información, a más velocidad, vista y compartida por un número no identificado  de usuarios y de identidades  muchas veces desconocidas o perfiles falsos de contacto. La suplantación de identidades, robo de bases de datos, espionaje industrial, competencia desleal, estafas electrónicas  y todo tipo de acciones maliciosas propagadas a través de la Web conllevan a tomar medidas urgentes en cuanto a la protección de la Información por parte de los actores del comercio electrónico, para lograr una eficaz y eficiente desarrollo de las economías en el mundo globalizado, actual y futuro.

Autora:Romina Florencia Cabrera



[1] Declaración de Riobamba. Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.

[2] http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico.

[3] Declaración de Riobamba. Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.

[4] Tecnologías de la Información y la Comunicación.



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Cumpliendo con las obligaciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como la normativa nacional vigente en materia de protección de datos, se le informa que la dirección url http://procedimientospolicialeseguridadinfor.blogspot.com.ar/(en adelante el sitio web) es un dominio registrado por Ong Procedimientos Policiales, (en adelante el Titular). Esta página tiene carácter informativo, de exclusivo uso academico y sin ánimo de lucro, teniendo por objeto facilitar el conocimiento al público en general, de aspectos legales relacionados con el desarrollo normativo y jurisprudencial en materia de privacidad y protección de datos. Aunque puede acogerse a la excepción de uso doméstico del artículo 2.2.c) del RGPD, por transparencia se ofrece la siguiente información.

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miércoles, 12 de enero de 2022

PROTECCION DE DATOS, GLOBALIZACION Y NUEVAS TECNOLOGÍAS://procedimientospolicialeseguridadinfor.blogspot.com/2019/05/politica-de-cookies.htm

 

PROTECCION DE DATOS,GLOBALIZACION Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.


La Globalización es un proceso de alcance general, en cuya virtud diversas actividades –la economía, la tecnología, y las comunicaciones- se relacionan en tiempo real y más allá de la distancia. Por otra parte, junto con la creciente desterritorialización de las transacciones  económicas se fortalece el principio territorial agiornado: los mercados financieros, las industrias informáticas y el comercio , progresan y se diversifican al calor de estados débiles en centros urbanos estratégicos. [1]

Si bien posibilita un sinnúmero de relaciones de toda índole, comerciales, financieras, políticas, culturales, personales, etc; dada la extensión y complejidad de los vínculos emergentes entre las mismas, la privacidad, la intimidad, el honor, y sobre todo el objetivo de nuestro trabajo, la protección de datos personales, como derecho autónomo e independiente se ven amenazados ante este fenómeno, y más aún, en la era de la Internet, la Red de Redes, en que la velocidad de la misma agiliza y diversifica este tipo de relaciones en la sociedad global.

Como nos enseña el Profesor Luis María Palma en las excelentes conclusiones se su trabajo de investigación académico [2], debe generarse una Política de Recursos Humanos sustentada en la capacitación permanente de los agentes, así como la participación más activa de la sociedad civil ( Tan solicitada en este contexto mundial actual donde se discute en nuevo modelo de Gobernanza de Internet), para generar  nuevas y mejores soluciones, con seguridad jurídica y una infraestructura tecnológica adecuada que pueda dar respuestas eficientes a las demandas sociales. La realidad humana y tecnológica nacen tan cambiantes que el camino más eficiente y eficaz es la adaptación. Las Instituciones Globales pueden constituir un medio fundamental para lograrlo, de la mano del diálogo y la construcción del consenso a escala mundial.  Ampliar las actuaciones de los Estados Nacionales en el nivel mundial, creando redes de Cooperación Internacional, para intervenir y negociar frente a las a las redes económicas globales[3], y sobre todo, en mi humilde opinión, no dejando de lado la Protección de los Datos Personales, que debe estar presente en todas las Agendas Gubernamentales, Mesas Redondas de Trabajo y Discusión académica-científica; capacitando a todos los actores sociales y creando una mayor cultura de Protección de Datos Personales, que es el objetivo del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos que integro, bajo la brillante Dirección de Daniel López Carballo y excelentes colegas de Iberoamérica.

Si bien se debe llegar a un consenso y entendimiento entre los Estados-Nación para que la sociedad en general evolucione en sus ideas y praxis, sobre todo en la materia de Protección de la Información, (el activo más importante que tiene una organización en la actualidad, tanto pública como privada, nacional o internacional),  la identidad cultural es lo más importante que posee una comunidad: es su identificación en el mundo; su etnia; su pasado, presente y futuro; sus alegrías, tristezas y sentimientos diversos manifestados en el encuentro social. Una gran familia que se une por su historia y sus costumbres y gustos; por su religión y su manera de percibir, concebir y practicar la fé (algo innegociable por lo menos para mí), o su ausencia. Se deben respetar esos espacios únicos en su tipo en cada uno de los diferentes grupos que habitan el Estado-Nación, y llegar a un equilibrio y un respeto mutuo para lograr una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos y progreso social. En los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se hace referencia a la tolerancia étnica, y religiosa, como una manera de no discriminación, y rescatando el valor y dignidad de la persona humana en concepto de Derechos Humanos, tal como la establece la Convención de Viena; como también el Derecho a la privacidad, a la intimidad, al honor y la libertad de asociación. En la Argentina, mi país, los Tratados de DDHH están incorporados a la Carta Magna en el Artículo 75 inciso 22, con jerarquía constitucional.

La Protección de Datos Personales en la Era Digital, implica un repensar de las relaciones institucionales, empresariales y personales, que repercuten en la vida jurídica de los Estados y por consecuencia de sus habitantes.

Las relaciones jurídicas deben replantearse dado el entorno digital en el  que se desarrollan. Cambia el contexto, y por ende la técnica legislativa debe adaptarse a estas transformaciones; dotando a las normas jurídicas de un sentido de realidad actual y también previendo el futuro del Derecho.

Los Derechos y Obligaciones de los actores jurídicos se plasman en el espacio virtual globalizado, donde las Comunidad Internacional debe fijar las pautas de conducta, para lograr una buena gestión de los Estados-Nación, tanto a nivel municipal, provincial, nacional y supranacional.

En la llamada “Declaración del Ciberespacio”, los habitantes del mismo manifiestan su deseo de una convivencia justa, sin soberanía territorial alguna, proclamando y preservando el derecho natural de los seres humanos a la libertad y a la igualdad también en el ciberespacio. [4]

En la citada declaración, se pueden encontrar los siguientes enunciados:

Art. 1. La libertad de la información solo se aplica a la información (conocimiento, elevación moral del ser humano, DDHH). Art. 2. Libre e igual acceso a la Información.  Art. 3. Eliminación de la brecha digital. Art. 4. Accesibilidad de la Información. Art. 5. Igualdad de oportunidades en la producción y difusión de la Información. Art. 6. Equilibrio entre propiedad intelectual y libre flujo de la información. Art. 7. Prohibición de monopolios y oligopolios de la información. Art. 8. Derecho a la inviolabilidad de la información. Art. 9. Derecho al Habeas Data. Art. 10. Contenido del Habeas Data. Art. 11. Derechos que limitan al Habeas Data. Art. 12. Derecho al  secreto de las Comunicaciones. Art. 13. Prohibición de los monopolios de  poder en Internet. Art. 14. Protección de menores. Art. 15. Dignidad de la persona. Art. 16. Libertad de comercio y trabajo en el ciberespacio. Art. 17. Protección del Patrimonio cultural en el ciberespacio. Artículo 18. Derecho ciudadano a la relación telemática con los poderes públicos. Artículo 19. Derecho a la autorregulación en un marco de heterorregulación.  Artículo 20. Garantía institucional de los Derechos Humanos en el Ciberespacio. Art. 21. Cláusula de extensión y de progreso. Artículo 22. Cláusula de cierre en evitación de la paradoja de la libertad. [5]

En otro de mis escritos, llamado “Globalidad y Transferencias Internacionales de Datos”, publicado por el mismo Observatorio, expreso que “La integración económica y social resultante del establecimiento y funcionamiento de un mercado globalizado, ha implicado un desarrollo notable de los flujos transfronterizos de datos personales entre distintos agentes públicos y privados establecidos en diferentes países. Este flujo de datos se ha visto favorecido por factores como el avance de las tecnologías de la información y, en particular, el desarrollo de Internet, que facilitan considerablemente el tratamiento y el intercambio de información, y que permiten compartir recursos tecnológicos, centralizar determinadas actividades y procesos, y abaratar costes en la prestación de servicios por la propia empresa fuera del país en el que se encuentra establecida”.

A modo de Conclusión final, se deberían activar políticas de Estado que se centren en la Protección de Datos como verdaderamente un Derecho Autónomo e Independiente ( Definición de la Agencia Española de Protección de Datos), y como expresamos en nuestro Observatorio en las Diferentes Declaraciones ( Documentos Internacionales) que hemos presentado, unificar criterios de Privacidad , para que sean aplicables a todos los países ( En nuestro caso de Iberoamérica) y se busquen soluciones en concordancia con las legislaciones locales, para que los conflictos que surgen en torno a la información personal no menoscaben el progreso tanto económico, social, político, cultural y personal de la Sociedad Globalizada, y que el fenómeno de la Globalización sea utilizado como una ventaja en la evolución de Ideas materializadas, y no como un elemento distorsivo y de retroceso.

[1] Palma, Luis María. “Justicia y Reforma en la Argentina Democrática. Universidad de Belgrano. Las Tesis de Belgrano. Facultad de Estudios para Graduados. Doctorado en Sociología.N° 65. Departamento de Investigaciones. Julio de 2013.    Páginas 373-374-. Sitio web: url: htp://www.ub.edu.ar/investigaciones.

[2] Palma, Luis María. Op cit. Páginas 385-386.

[3] Palma, Luis María .  Op cit. Páginas 385-386.

[4] Suñé Llinás, Emilio, “Declaración de derechos del ciberespacio”.  Universidad Complutense de Madrid, 2008. Sitio 


Autora: Romina Florencia Cabrera


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lunes, 3 de enero de 2022

RECONOCIMIENTO://procedimientospolicialeseguridadinfor.blogspot.com/2019/05/politica-de-cookies.htm

 


RECONOCIMIENTO

La Directora Internacional en Seguridad Informatica , la Profesora Romina Florencia Cabrera, recibio el Grado de Maestra Destacada Interamericana 2021 por la Facultad Interamericana de Litigacion, México.


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lunes, 20 de diciembre de 2021

ACCESO A LA JUSTICIA.CIBERESPACIO://procedimientospolicialeseguridadinfor.blogspot.com/2019/05/politica-de-cookies.htm




TÍTULO: “ACCESO A LA JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. CIBERESPACIO".

 

AUTORA: Romina Florencia Cabrera

 

 

INTRODUCCIÓN. DESARROLLO: 1- ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL. 2-ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 3-ACCESO A LA JUSTICIA Y DEMOCRACIA. 4-ACCESO A LA JUSTICIA EN EL CIBERESPACIO. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA.

ACCESO A LA JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDADES QUE GARANTIZAN EL ESTADO DE DERECHO.

 

INTRODUCCIÓN

 

Los Derechos Humanos se establecen en función del respeto a la dignidad y valor de la persona humana. Así se estableció en la Convención de Viena de los Tratados, donde la comunidad internacional se compromete a respetar valores universales para evitar caer en degradaciones o menoscabos a la integridad física y moral a las personas, garantizando sus derechos , para lograr el efectivo cumplimiento de la igualdad, preferentemente estructural, la equidad, la justicia, la seguridad, y fundamentalmente la libertad,  que solo se materializa con la garantía de un Estado de Derecho y una convivencia democrática, en la cual todos los actores sociales puedan dialogar ,  en paz y armonía deliberativas, y en donde se pueda lograr eficaz y eficientemente la administración de justicia, con ética y estima a los valores constitucionales y de los tratados internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Ley Fundamental, nuestra Constitución, con jerarquía constitucional, mientras no menoscaben las disposiciones y el espíritu de la misma. “Un Estado de Derecho, es aquél que  se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenadas en torno a una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta”[1].

 

DESARROLLO

 

1-ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL

La satisfacción de las demandas sociales, como señala el prestigioso Profesor Antonio A. Martino, es la tarea primordial de todo poder público, y fundamentalmente del Poder Judicial, ya que los nuevos desafíos a los que se enfrenta la Justicia, al constante cambio de la realidad jurídica, social, política, económica, educativa y cultural, llevan a repensar el desempeño de la tarea judicial, adaptándola al dinamismo de los tiempos presentes, configurándola, conceptualizándola y materializándola como  una  garantía de los derechos de los ciudadanos.

La Constitución Nacional,  es la Ley Fundamental en todo ordenamiento jurídico que quiera alcanzar los ideales democráticos, plasmados en un Estado de Derecho, con división de poderes, respeto a la Carta Magna y a su espíritu;  es la base y garantía para la justicia, la paz y la convivencia armónica entre todos los habitantes. Las Garantías constitucionales allí plasmadas son el reflejo de la protección y certeza jurídica de nuestro entorno;  las seguridades que deben gozar todos los habitantes de un país, los ciudadanos, como señala el Maestro Jorge Reynaldo Vanossi.

Nuestra Carta Magna, propone el respeto al derecho de acceso a la justicia en sus Declaraciones, Derechos y Garantías, como ser, por ejemplo, los  Art. 14, 14 Bis, 16, 17. 18, 19, 31, 32,  41, 42 y 43, en los cuales se pueden observar disposiciones normativas, como ser la posibilidad de peticionar a las autoridades y otros derechos (Art. 14); trabajo ( 14 Bis) igualdad ante la Ley (Art. 16); respeto a la propiedad privada (Art. 17), inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos (Art. 18);  intimidad ( Art. 19), respeto a la Ley Fundamental y a las leyes ( Art. 31); libertad de imprenta ( Art. 32); Derecho del Medio ambiente (Art. 41);  del Consumidor ( Art. 42) y las acciones de amparo, amparo colectivo, acción de tutela jurídica de habeas data y acción de habeas corpus ( Art. 43).

Los Art. 37 y 38 se refieren a los derechos políticos, soberanía popular, sufragio (universal, igual, secreto y obligatorio), igualdad real de oportunidades entre hombre y mujeres y la denominación de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, como el Pacto Internacional  de los Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, adoptado en el Art. 75 inciso 22 de nuestra Constitución. Y los Art. 39 y 40, establecen una forma de democracia semidirecta, participativa, que prevee la  iniciativa  ciudadana y la consulta popular.

“La seguridad es un valor fundamental, constituye una condición indispensable para vivir en una sociedad medianamente organizada; sin ella no pueden existir otros valores básicos, no habría derecho estable ni sería posible la justicia distributiva. Para que el derecho sea realidad, necesita contar con el elemento seguridad que le permita aplicarlo, él dará nacimiento a la norma que se impone coactivamente, esta no se puede detener ante la voluntad del sujeto, sino que obliga a respetarla. Cuando no contamos con la seguridad para obtener el cumplimiento de una obligación normativa o lo que se convenga legalmente en base a ella, atentamos contra la estabilidad”[2], como explica el Maestro Alberto Ricardo Dalla Vía.

 

2-ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

 

Los Derechos Humano se encuentran establecidos  en los Tratados Internacionales, en el Art. 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna, con jerarquía constitucional superior a las leyes, mientras no menoscaben a la Ley Fundamental.

Los Derechos Humanos, por definición, no pueden serlo todo; pero es el planteo de un paradigma, que los coloque en las políticas centrales de cada Estado, y en las carreras de educación superior, darnos nuevos y variados elementos que para la confección de diagnósticos que identifiquen lo problemas en cada oportunidad, y los consecuentes proyectos, que se realicen en la esfera educativa para intentar dar respuesta a los mismos. [3] La  democracia,  el estado  de derecho y  la educación, son conceptos representativos de diferentes elementos, que se encuentran dotados de un carácter político, jurídico y sociológico propio, que se destacan por su entidad en las sociedades modernas, y se nutren entre ellas. [4]

Los Derechos Humanos, sus principios, contenidos y postulados, ingresan por su carácter ético, a la escena educativa, como herramienta esencial y medio clave para la Democracia Sustancial y el Estado de Derecho, en los cuales la legitimidad está dada por el respeto de los Gobiernos a esos Derechos Humanos, sin discriminación, hacia todos los miembros de la comunidad. [5]

 

El Pacto de San José de Costa Rica también enumera normas específicas sobre las garantías judiciales:

Artículo 8.­ Garantías judiciales.
1°. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter
2°. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3°. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4°. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5°. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Artículo 9.­ Principio de legalidad y de retroactividad.
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

 

            Además de otras disposiciones en dicho tratado, también se pueden observar referencias al Acceso a la Justicia, en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias,  en  La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,  el Pacto Internacional de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales , la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y en  la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como garantía para el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos, y así lograr una igualdad estructural, real, materializada.

 

3-ACCESO A LA JUSTICIA Y DEMOCRACIA

El “sentimiento constitucional”, respeto a la Ley Fundamental, la Constitución Nacional, implica el reconocimiento de las Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos, consagrados en las Cartas Magnas, como valor y dignidad de la persona humana, establecido en la Convención de Viena.

Un Estado de Derecho, republicano y representativo, no puede lograr su objetivo, si la concepción democrática no se materializa en normas y conductas; si el soberano, el ciudadano, no toma conciencia de la importancia del ejercicio de la libertad, del respeto al prójimo,  a sus instituciones, tradiciones políticas, y sobre todo, a la Justicia y a su sistema  electoral, donde él es el protagonista de la democracia. A través del acto político del voto, decidirá la vida política de la ciudadanía. Y mediante la trasparencia y publicidad de la información judicial, con el debido respeto a los datos de carácter confidencial, se materializará el verdadero espíritu de un poder con carácter democrático.[6]

Un verdadero sistema judicial es efectivo, si los derechos de los justiciables son respetados y garantizados por el mismo; un poder independiente de toda acción externa, que pueda administrar justicia, basándose en  la legalidad, la legitimidad,  equidad,  casuística,  doctrina,  principios generales del Derecho y la libre convicción del magistrado, en pos de lograr una verdadera solución justa a las demandas sociales, como expresa el Prestigioso Profesor Antonio A. Martino; aplicando siempre los principios éticos,  inmutables a lo largo de la historia. La democracia deliberativa,  en palabras de Carlos Nino, que garantiza el verdadero acceso a la justicia, debe estar siempre presente en la tarea judicial.

            “Un destacado filósofo del derecho alemán, Rudolf Von Inhering, escribió un libro clásico, muy importante, que se llama La lucha por el Derecho, en donde explica que ninguna norma escrita asegura por sí misma que un derecho venga dado, siempre será necesario abrir cauces, crear costumbres, sentar criterios, dictar sentencias, para que después esos principios queden en las leyes, en las constituciones, y como ocurre en nuestros tiempos, también en las declaraciones internacionales”. [7]

 

4-ACCESO A LA JUSTICIA EN EL CIBERESPACIO

 

 

            En el mundo virtual, interconectado , tecnológico e hiperinfomado en el cual transitamos el camino de la vida, el entorno digital, conformado principalmente por el fenómeno de Internet, implica un cambio de paradigma no sólo en las normas jurídicas y sus consecuencias, sino en la conducta de los usuarios de la Red, que refleja esa modificación normativa, ya que las conductas de los individuos influyen y condicionan al Derecho, en su dinamismo y constante evolución y transformación; buscando el equilibrio con el medio ,en el cual se manifiestan los fenómenos jurídicos.

            En la llamada “Declaración del Ciberespacio”, los habitantes del mismo manifiestan su deseo de una convivencia justa, sin soberanía territorial alguna, proclamando y preservando el derecho natural de los seres humanos a la libertad y a la igualdad también en el ciberespacio.[8]

            En la citada declaración, se pueden encontrar los siguientes enunciados:

Art. 1. La libertad de la información solo se aplica a la información (conocimiento, elevación moral del ser humano, DDHH). Art. 2. Libre e igual acceso a la Información.  Art. 3. Eliminación de la brecha digital. Art. 4. Accesibilidad de la Información. Art. 5. Igualdad de oportunidades en la producción y difusión de la Información. Art. 6. Equilibrio entre propiedad intelectual y libre flujo de la información. Art. 7. Prohibición de monopolios y oligopolios de la información. Art. 8. Derecho a la inviolabilidad de la información. Art. 9. Derecho al Habeas Data. Art. 10. Contenido del Habeas Data. Art. 11. Derechos que limitan al Habeas Data. Art. 12. Derecho al  secreto de las Comunicaciones. Art. 13. Prohibición de los monopolios de  poder en Internet. Art. 14. Protección de menores. Art. 15. Dignidad de la persona. Art. 16. Libertad de comercio y trabajo en el ciberespacio. Art. 17. Protección del Patrimonio cultural en el ciberespacio. Artículo 18. Derecho ciudadano a la relación telemática con los poderes públicos. Artículo 19. Derecho a la autorregulación en un marco de heterorregulación.  Artículo 20. Garantía institucional de los Derechos Humanos en el Ciberespacio. Art. 21. Cláusula de extensión y de progreso. Artículo 22. Cláusula de cierre en evitación de la paradoja de la libertad. [9]

.

 

CONCLUSIONES

El respeto a los Derechos Humanos, concebidos en  el valor y la dignidad de la persona; la Constitución Nacional adoptada y respetada realmente como la Ley Fundamental,  y la concepción de una sociedad democrática, deliberativa, con una justicia independiente, donde todos los ciudadanos por igual tengan acceso a la misma, con  el debido proceso y todas las garantías vigentes, conforman un verdadero Estado de Derecho, donde  la seguridad sea una realidad y no una utopía; en el cual se pueda administrar justicia, con equidad e igualdad ante la ley.  No solo en la concepción tradicional, sino también incorporando los derechos de los cibernautas, que interactúan unos a otros y con su medio, en el entorno digital, con la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; donde la interoperabilidad de los diferentes factores y actores de la Red, establecen nuevas relaciones jurídicas antes impensadas, con multiplicidad de causas y consecuencias, y con el surgimiento de nuevas disposiciones normativas, y obviamente, de Garantías en el mundo virtual.

Y como dice el Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina, invocando la protección de Dios, fuente de toda Razón y Justicia.

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Constitución de la Nación Argentina y Tratados Internacionales de Derechos Humanos  con jerarquía constitucional.

 

Dalla Vía, Alberto Ricardo; “El imperio de la Ley como fundamento de la seguridad jurídica e institucional”. Sitio Web: http://www.econ.uba.ar/planfenix/docnews/IV/Seguridad%20Juridica%20e%20Institucional/Dalla%20Via.pdf

Fecha de consulta: 7 de octubre de 2013.

 

Dalla Vía, Alberto Ricardo;  Tres Batallas por la Libertad de Prensa, Academia Nacional de Periodismo, Buenos Aires, 2004, Editorial Dunken.

 

Frascaroli, María Susana e Ghiggi, Inés  “La información pública en causas penales”;  Revista de opinión Jurídica VRBE et IVS, Año II, Número 11.

 

Sitio Web: http://lolegalnexo.com/files/news11_frascaroli_ghiggi.pdf

 

Fecha de Consulta: 7 de octubre de 2013.

 

 

Martino,   Antonio A., “Crisis de la Ciencia Política”, www.antonioanselmomartino.it, y Conferencia Magistral dictada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional De La Plata año 2009. “Análisis Sistémico de la Política”, Conferencia Magistral en la Universidad de El Salvador año 2010.

 Fecha de Consulta del Sitio Web: 9 de octubre de 2013.

 

 

 

 

 

Salvioli Fabián Omar, La Universidad y la Educación en el Siglo XXI, Los Derechos Humanos como Pilares de la Nueva Reforma Universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asamblea General año 2007-2010, Costa Rica, San José, 2009.

 

 

 

Suñé Llinás, Emilio, “ Declaración de derechos del ciberespacio”.  Universidad Complutense de Madrid, 2008. Sitio web:

http://portal.uexternado.edu.co/pdf/7_convencionesDerechoInformatico/documentacion/conferencias/Los_Derechos_Humanos_en_el_Ciberespacio.pdf

 

Fecha de Consulta: 7 de octubre de 2013.

 

 

Wikipedia .org. Sitio Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho

 

Fecha de la Consulta: 7 de octubre de 2013.



[1] Wikipedia .org. Sitio Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho

 

Fecha de la Consulta: 7 de octubre de 2013.

[2] Dalla Vía, Alberto Ricardo; “El imperio de la Ley como fundamento de la seguridad jurídica e institucional”. Página 2. Sitio Web: http://www.econ.uba.ar/planfenix/docnews/IV/Seguridad%20Juridica%20e%20Institucional/Dalla%20Via.pdf

Fecha de consulta: 7 de octubre de 2013.

 

 

[3] Salvioli Fabián Omar, La Universidad y la Educación en el Siglo XXI, Los Derechos Humanos como Pilares de la Nueva Reforma Universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asamblea General año 2007-2010, Costa Rica, San José, 2009, página 24.

 

[4]  Salvioli Fabián Omar, La Universidad y la Educación en el Siglo XXI, Los Derechos Humanos como Pilares de la Nueva Reforma Universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asamblea General año 2007-2010, Costa Rica, San José, 2009, página 25.

 

[5] Salvioli Fabián Omar, La Universidad y la Educación en el Siglo XXI, Los Derechos Humanos como Pilares de la Nueva Reforma Universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asamblea General año 2007-2010, Costa Rica, San José, 2009, página 26 y 27.

 

 

[6]Frascaroli, María Susana e Ghiggi, Inés  “La información pública en causas penales”;  Revista de opinión Jurídica VRBE et IVS, Año II, Número 11.

Sitio Web: http://lolegalnexo.com/files/news11_frascaroli_ghiggi.pdf

 

Fecha de Consulta: 7 de octubre de 2013.

 

 

 

[7] Dalla Vía, Alberto Ricardo;  Tres Batallas por la Libertad de Prensa, Academia Nacional de Periodismo, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2004, Página 14.

 

[8] Suñé Llinás, Emilio, “Declaración de derechos del ciberespacio”.  Universidad Complutense de Madrid, 2008. Sitio web:

http://portal.uexternado.edu.co/pdf/7_convencionesDerechoInformatico/documentacion/conferencias/Los_Derechos_Humanos_en_el_Ciberespacio.pdf

 

Fecha de Consulta: 7 de octubre de 2013.

 

[9]  Suñé Llinás, Emilio, “ Declaración de derechos del ciberespacio”.  Universidad Complutense de Madrid, 2008. Sitio web:

http://portal.uexternado.edu.co/pdf/7_convencionesDerechoInformatico/documentacion/conferencias/Los_Derechos_Humanos_en_el_Ciberespacio.pdf

 

Fecha de Consulta: 7 de octubre de 2013.


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