jueves, 1 de noviembre de 2018

ACCESO A LA JUSTICIA EN EL CIBERESPACIO


ACCESO A LA JUSTICIA EN EL CIBERESPACIO
TÍTULO: “ACCESO A LA JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDADES QUE GARANTIZAN EL ESTADO DE DERECHO”.
AUTORA:  Romina Florencia Cabrera, Abogada, Profesora e Investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata , Provincia de Buenos Aires, Argentina; del Colegio de Abogados de La Plata y de la Universidad Católica de La Plata sobre Derecho Constitucional, Ciencias Políticas, Derechos Humanos e Informática Jurídica. Miembro de diferentes Asociaciones Científico-Jurídicas, y Directora Internacional de Seguridad Informática en ASCASEPP, Asociación en Capacitación de Seguridad Pública y Privada Registrada Bajo en Número 591967, en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior de España, Madrid.  Miembro del Instituto de Derecho Constitucional  y Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata; del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos Personales (Universidad Complutense de Madrid, España).
INTRODUCCIÓN. DESARROLLO: 1- ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL. 2-ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 3-ACCESO A LA JUSTICIA Y DEMOCRACIA. 4-ACCESO A LA JUSTICIA EN EL CIBERESPACIO. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA.
ACCESO A LA JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, SEGURIDADES QUE GARANTIZAN EL ESTADO DE DERECHO.

INTRODUCCIÓN

Los Derechos Humanos se establecen en función del respeto a la dignidad y valor de la persona humana. Así se estableció en la Convención de Viena de los Tratados, donde la comunidad internacional se compromete a respetar valores universales para evitar caer en degradaciones o menoscabos a la integridad física y moral a las personas, garantizando sus derechos , para lograr el efectivo cumplimiento de la igualdad, preferentemente estructural, la equidad, la justicia, la seguridad, y fundamentalmente la libertad,  que solo se materializa con la garantía de un Estado de Derecho y una convivencia democrática, en la cual todos los actores sociales puedan dialogar ,  en paz y armonía deliberativas, y en donde se pueda lograr eficaz y eficientemente la administración de justicia, con ética y estima a los valores constitucionales y de los tratados internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Ley Fundamental, nuestra Constitución, con jerarquía constitucional, mientras no menoscaben las disposiciones y el espíritu de la misma. “Un Estado de Derecho, es aquél que  se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenadas en torno a una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta”[1].
DESARROLLO
1-ACCESO A LA JUSTICIA COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL
La satisfacción de las demandas sociales, como señala el prestigioso Profesor Antonio A. Martino, es la tarea primordial de todo poder público, y fundamentalmente del Poder Judicial, ya que los nuevos desafíos a los que se enfrenta la Justicia, al constante cambio de la realidad jurídica, social, política, económica, educativa y cultural, llevan a repensar el desempeño de la tarea judicial, adaptándola al dinamismo de los tiempos presentes, configurándola, conceptualizándola y materializándola como  una  garantía de los derechos de los ciudadanos.
La Constitución Nacional,  es la Ley Fundamental en todo ordenamiento jurídico que quiera alcanzar los ideales democráticos, plasmados en un Estado de Derecho, con división de poderes, respeto a la Carta Magna y a su espíritu;  es la base y garantía para la justicia, la paz y la convivencia armónica entre todos los habitantes. Las Garantías constitucionales allí plasmadas son el reflejo de la protección y certeza jurídica de nuestro entorno;  las seguridades que deben gozar todos los habitantes de un país, los ciudadanos, como señala el Maestro Jorge Reynaldo Vanossi.
Nuestra Carta Magna, propone el respeto al derecho de acceso a la justicia en sus Declaraciones, Derechos y Garantías, como ser, por ejemplo, los  Art. 14, 14 Bis, 16, 17. 18, 19, 31, 32,  41, 42 y 43, en los cuales se pueden observar disposiciones normativas, como ser la posibilidad de peticionar a las autoridades y otros derechos (Art. 14); trabajo ( 14 Bis) igualdad ante la Ley (Art. 16); respeto a la propiedad privada (Art. 17), inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos (Art. 18);  intimidad ( Art. 19), respeto a la Ley Fundamental y a las leyes ( Art. 31); libertad de imprenta ( Art. 32); Derecho del Medio ambiente (Art. 41);  del Consumidor ( Art. 42) y las acciones de amparo, amparo colectivo, acción de tutela jurídica de habeas data y acción de habeas corpus ( Art. 43).
Los Art. 37 y 38 se refieren a los derechos políticos, soberanía popular, sufragio (universal, igual, secreto y obligatorio), igualdad real de oportunidades entre hombre y mujeres y la denominación de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, como el Pacto Internacional  de los Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, adoptado en el Art. 75 inciso 22 de nuestra Constitución. Y los Art. 39 y 40, establecen una forma de democracia semidirecta, participativa, que prevee la  iniciativa  ciudadana y la consulta popular.
“La seguridad es un valor fundamental, constituye una condición indispensable para vivir en una sociedad medianamente organizada; sin ella no pueden existir otros valores básicos, no habría derecho estable ni sería posible la justicia distributiva. Para que el derecho sea realidad, necesita contar con el elemento seguridad que le permita aplicarlo, él dará nacimiento a la norma que se impone coactivamente, esta no se puede detener ante la voluntad del sujeto, sino que obliga a respetarla. Cuando no contamos con la seguridad para obtener el cumplimiento de una obligación normativa o lo que se convenga legalmente en base a ella, atentamos contra la estabilidad”[2], como explica el Maestro Alberto Ricardo Dalla Vía.

2-ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Los Derechos Humano se encuentran establecidos  en los Tratados Internacionales, en el Art. 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna, con jerarquía constitucional superior a las leyes, mientras no menoscaben a la Ley Fundamental.
Los Derechos Humanos, por definición, no pueden serlo todo; pero es el planteo de un paradigma, que los coloque en las políticas centrales de cada Estado, y en las carreras de educación superior, darnos nuevos y variados elementos que para la confección de diagnósticos que identifiquen lo problemas en cada oportunidad, y los consecuentes proyectos, que se realicen en la esfera educativa para intentar dar respuesta a los mismos. [3] La  democracia,  el estado  de derecho y  la educación, son conceptos representativos de diferentes elementos, que se encuentran dotados de un carácter político, jurídico y sociológico propio, que se destacan por su entidad en las sociedades modernas, y se nutren entre ellas. [4]
Los Derechos Humanos, sus principios, contenidos y postulados, ingresan por su carácter ético, a la escena educativa, como herramienta esencial y medio clave para la Democracia Sustancial y el Estado de Derecho, en los cuales la legitimidad está dada por el respeto de los Gobiernos a esos Derechos Humanos, sin discriminación, hacia todos los miembros de la comunidad. [5]
El Pacto de San José de Costa Rica también enumera normas específicas sobre las garantías judiciales:Artículo 8.­ Garantías judiciales.
1°. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter
2°. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3°. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4°. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5°. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
Artículo 9.­ Principio de legalidad y de retroactividad.
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

            Además de otras disposiciones en dicho tratado, también se pueden observar referencias al Acceso a la Justicia, en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias,  en  La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,  el Pacto Internacional de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales , la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y en  la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como garantía para el efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos, y así lograr una igualdad estructural, real, materializada.

3-ACCESO A LA JUSTICIA Y DEMOCRACIA
El “sentimiento constitucional”, respeto a la Ley Fundamental, la Constitución Nacional, implica el reconocimiento de las Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos, consagrados en las Cartas Magnas, como valor y dignidad de la persona humana, establecido en la Convención de Viena.
Un Estado de Derecho, republicano y representativo, no puede lograr su objetivo, si la concepción democrática no se materializa en normas y conductas; si el soberano, el ciudadano, no toma conciencia de la importancia del ejercicio de la libertad, del respeto al prójimo,  a sus instituciones, tradiciones políticas, y sobre todo, a la Justicia y a su sistema  electoral, donde él es el protagonista de la democracia. A través del acto político del voto, decidirá la vida política de la ciudadanía. Y mediante la trasparencia y publicidad de la información judicial, con el debido respeto a los datos de carácter confidencial, se materializará el verdadero espíritu de un poder con carácter democrático.[6]
Un verdadero sistema judicial es efectivo, si los derechos de los justiciables son respetados y garantizados por el mismo; un poder independiente de toda acción externa, que pueda administrar justicia, basándose en  la legalidad, la legitimidad,  equidad,  casuística,  doctrina,  principios generales del Derecho y la libre convicción del magistrado, en pos de lograr una verdadera solución justa a las demandas sociales, como expresa el Prestigioso Profesor Antonio A. Martino; aplicando siempre los principios éticos,  inmutables a lo largo de la historia. La democracia deliberativa,  en palabras de Carlos Nino, que garantiza el verdadero acceso a la justicia, debe estar siempre presente en la tarea judicial.
            “Un destacado filósofo del derecho alemán, Rudolf Von Inhering, escribió un libro clásico, muy importante, que se llama La lucha por el Derecho, en donde explica que ninguna norma escrita asegura por sí misma que un derecho venga dado, siempre será necesario abrir cauces, crear costumbres, sentar criterios, dictar sentencias, para que después esos principios queden en las leyes, en las constituciones, y como ocurre en nuestros tiempos, también en las declaraciones internacionales”. [7]

4-ACCESO A LA JUSTICIA EN EL CIBERESPACIO


            En el mundo virtual, interconectado , tecnológico e hiperinfomado en el cual transitamos el camino de la vida, el entorno digital, conformado principalmente por el fenómeno de Internet, implica un cambio de paradigma no sólo en las normas jurídicas y sus consecuencias, sino en la conducta de los usuarios de la Red, que refleja esa modificación normativa, ya que las conductas de los individuos influyen y condicionan al Derecho, en su dinamismo y constante evolución y transformación; buscando el equilibrio con el medio ,en el cual se manifiestan los fenómenos jurídicos.
            En la llamada “Declaración del Ciberespacio”, los habitantes del mismo manifiestan su deseo de una convivencia justa, sin soberanía territorial alguna, proclamando y preservando el derecho natural de los seres humanos a la libertad y a la igualdad también en el ciberespacio.[8]
            En la citada declaración, se pueden encontrar los siguientes enunciados:
Art. 1. La libertad de la información solo se aplica a la información (conocimiento, elevación moral del ser humano, DDHH). Art. 2. Libre e igual acceso a la Información.  Art. 3. Eliminación de la brecha digital. Art. 4. Accesibilidad de la Información. Art. 5. Igualdad de oportunidades en la producción y difusión de la Información. Art. 6. Equilibrio entre propiedad intelectual y libre flujo de la información. Art. 7. Prohibición de monopolios y oligopolios de la información. Art. 8. Derecho a la inviolabilidad de la información. Art. 9. Derecho al Habeas Data. Art. 10. Contenido del Habeas Data. Art. 11. Derechos que limitan al Habeas Data. Art. 12. Derecho al  secreto de las Comunicaciones. Art. 13. Prohibición de los monopolios de  poder en Internet. Art. 14. Protección de menores. Art. 15. Dignidad de la persona. Art. 16. Libertad de comercio y trabajo en el ciberespacio. Art. 17. Protección del Patrimonio cultural en el ciberespacio. Artículo 18. Derecho ciudadano a la relación telemática con los poderes públicos. Artículo 19. Derecho a la autorregulación en un marco de heterorregulación.  Artículo 20. Garantía institucional de los Derechos Humanos en el Ciberespacio. Art. 21. Cláusula de extensión y de progreso. Artículo 22. Cláusula de cierre en evitación de la paradoja de la libertad. [9].

CONCLUSIONES
El respeto a los Derechos Humanos, concebidos en  el valor y la dignidad de la persona; la Constitución Nacional adoptada y respetada realmente como la Ley Fundamental,  y la concepción de una sociedad democrática, deliberativa, con una justicia independiente, donde todos los ciudadanos por igual tengan acceso a la misma, con  el debido proceso y todas las garantías vigentes, conforman un verdadero Estado de Derecho, donde  la seguridad sea una realidad y no una utopía; en el cual se pueda administrar justicia, con equidad e igualdad ante la ley.  No solo en la concepción tradicional, sino también incorporando los derechos de los cibernautas, que interactúan unos a otros y con su medio, en el entorno digital, con la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; donde la interoperabilidad de los diferentes factores y actores de la Red, establecen nuevas relaciones jurídicas antes impensadas, con multiplicidad de causas y consecuencias, y con el surgimiento de nuevas disposiciones normativas, y obviamente, de Garantías en el mundo virtual.
Y como dice el Preámbulo de la Constitución Nacional Argentina, invocando la protección de Dios, fuente de toda Razón y Justicia.
BIBLIOGRAFÍA
Constitución de la Nación Argentina y Tratados Internacionales de Derechos Humanos  con jerarquía constitucional.
Dalla Vía, Alberto Ricardo; “El imperio de la Ley como fundamento de la seguridad jurídica e institucional”. Sitio Web: http://www.econ.uba.ar/planfenix/docnews/IV/Seguridad%20Juridica%20e%20Institucional/Dalla%20Via.pdf
Fecha de consulta: 7 de octubre de 2013.
Dalla Vía, Alberto Ricardo;  Tres Batallas por la Libertad de Prensa, Academia Nacional de Periodismo, Buenos Aires, 2004, Editorial Dunken.
Frascaroli, María Susana e Ghiggi, Inés  “La información pública en causas penales”;  Revista de opinión Jurídica VRBE et IVS, Año II, Número 11.

Fecha de Consulta: 7 de octubre de 2013.

Martino,   Antonio A., “Crisis de la Ciencia Política”, www.antonioanselmomartino.it, y Conferencia Magistral dictada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional De La Plata año 2009. “Análisis Sistémico de la Política”, Conferencia Magistral en la Universidad de El Salvador año 2010.
 Fecha de Consulta del Sitio Web: 9 de octubre de 2013.

Salvioli Fabián Omar, La Universidad y la Educación en el Siglo XXI, Los Derechos Humanos como Pilares de la Nueva Reforma Universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asamblea General año 2007-2010, Costa Rica, San José, 2009.

Suñé Llinás, Emilio, “ Declaración de derechos del ciberespacio”.  Universidad Complutense de Madrid, 2008. Sitio web:

Fecha de Consulta: 7 de octubre de 2013.


Fecha de la Consulta: 7 de octubre de 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA
Declaraciones, derechos y garantías
Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.
Artículo 2º.- El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.
Artículo 3º.- Las autoridades que ejercen el Gobierno federal, residen en la ciudad que se declare Capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales, del territorio que haya de federalizarse.
Artículo 4º.- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.
Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Artículo 6º.- El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia.
Artículo 7º.- Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.
Artículo 8º.- Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias.
Artículo 9º.- En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso.
Artículo 10.- En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores.
Artículo 11.- Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.
Artículo 12.- Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.
Artículo 13.- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.
Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
Artículo 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República.
Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.
Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Artículo 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República.
Artículo 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía.
Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.
Artículo 23.- En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.
Artículo 24.- El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.
Artículo 25.- El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.
Artículo 26.- La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional.
Artículo 27.- El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.
Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.
Artículo 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.
Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.
Artículo 32.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Artículo 34.- Los jueces de las cortes federales no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia, ni el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar da residencia en la provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que accidentalmente se encuentren.
Artículo 35.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras "Nación Argentina" en la formación y sanción de las leyes.
Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.
Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.
El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.
Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
Artículo 38.- Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.
El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.
Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio.
Artículo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa.
No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal.
Artículo 40.- El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.
El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.[10]




Fecha de la Consulta: 7 de octubre de 2013.
[2] Dalla Vía, Alberto Ricardo; “El imperio de la Ley como fundamento de la seguridad jurídica e institucional”. Página 2. Sitio Web: http://www.econ.uba.ar/planfenix/docnews/IV/Seguridad%20Juridica%20e%20Institucional/Dalla%20Via.pdf
Fecha de consulta: 7 de octubre de 2013.


[3] Salvioli Fabián Omar, La Universidad y la Educación en el Siglo XXI, Los Derechos Humanos como Pilares de la Nueva Reforma Universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asamblea General año 2007-2010, Costa Rica, San José, 2009, página 24.

[4]  Salvioli Fabián Omar, La Universidad y la Educación en el Siglo XXI, Los Derechos Humanos como Pilares de la Nueva Reforma Universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asamblea General año 2007-2010, Costa Rica, San José, 2009, página 25.

[5] Salvioli Fabián Omar, La Universidad y la Educación en el Siglo XXI, Los Derechos Humanos como Pilares de la Nueva Reforma Universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Asamblea General año 2007-2010, Costa Rica, San José, 2009, página 26 y 27.


[6]Frascaroli, María Susana e Ghiggi, Inés  “La información pública en causas penales”;  Revista de opinión Jurídica VRBE et IVS, Año II, Número 11.

Fecha de Consulta: 7 de octubre de 2013.



[7] Dalla Vía, Alberto Ricardo;  Tres Batallas por la Libertad de Prensa, Academia Nacional de Periodismo, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2004, Página 14.

[8] Suñé Llinás, Emilio, “Declaración de derechos del ciberespacio”.  Universidad Complutense de Madrid, 2008. Sitio web:

Fecha de Consulta: 7 de octubre de 2013.

[9]  Suñé Llinás, Emilio, “ Declaración de derechos del ciberespacio”.  Universidad Complutense de Madrid, 2008. Sitio web:

Fecha de Consulta: 7 de octubre de 2013.

[10] La letra está disminuida  para referirse a los Nuevos Derechos y Garantías establecidos en la Constitución Argentina y respetar las reglas de la publicación. 





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