martes, 15 de noviembre de 2016

Bajo índice de denuncias de delitos informáticos en el país

 

 

 

Bajo índice de denuncias de delitos informáticos en el país

Las presentaciones que realizan los ciudadanos es un foco de atención del Estado para visualizar las demandas de justicia. Que ocurre en el caso de los ciberdelitos. Un análisis de las causas y consecuencias.
El Primer Muestreo de Denuncias Judiciales sobre delitos informáticos realizado por la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal tiene como objetivo “contar con relevamientos estadísticos para la elaboración de diagnósticos que sirvan de insumos para conocer el estado de situación frente a determinadas modalidades delictivas para el diseño de políticas públicas”, según explicó el asesor en cibercrimen de la dirección, Gustavo Sain.  El estudio abarca los expedientes iniciados en las fiscalías federales de todo el país y en la justicia criminal ordinaria de la Provincia de Buenos Aires y de Capital Federal.
De las estadísticas consultadas, se desprende el marco general sobre las demandas presentadas con datos del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En el año 2013, se iniciaron un total de 46.043 expedientes, de los cuales el 0,48 por ciento fue en el marco de la ley 26.388. En sí, 221 del total de causas se refieren a delitos encuadrados en esta normativa.
Entre los encuadres de la Ley de Delitos Informáticos se encuentran: el ofrecimiento y la distribución de imágenes relacionadas con la pornografía infantil y la tenencia con esos, la alteración de evidencia informática, la violación de correspondencia electrónica, y la interrupción o el entorpecimiento de comunicaciones electrónicas. Así como el daño a bienes intangibles y la distribución de virus informáticos,  la estafa informática,  la violación de datos personales, la revelación de secretos,  y el acceso ilegítimo a un sistema o dato informático.
En el informe, se vislumbra que la mayoría de ellos fue denunciada en los tribunales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en mucho menor medida en provincias como Río Negro, o San Juan.
Mientras que 158 de las 221 denuncias por ciber-crímenes fueron por “la interrupción o el entorpecimiento de las comunicaciones” telefónicas seguido del delito de “violación de correspondencia electrónica” (26 causas) lo que representa un 12% del total de casos. Por el contrario, el menos denunciado fue la “distribución o comercialización de imágenes de menores” (3 casos).
Haciendo foco, según datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, de un total de 694.246 denuncias judiciales en el fuero criminal y correccional, sólo 275 causas involucraron alguna de las figuras penales de la Ley 26.388, lo que representa un porcentaje del 0,04 del total en esa jurisdicción.
“Existe un ínfimo porcentaje de delitos relacionados con dispositivos informáticos que llegan al ámbito de la justicia penal, lo que resulta una amplia cifra oculta en relación a este tipo de conductas ilícitas”, explicó Sain, autor del Primer muestreo de denuncias informáticas de la República Argentina. Y agregó que “el hackeo a una casilla de correo electrónico no se denuncia” porque la persona solicita al proveedor del servicio de internet volver a acceder a esa misma casilla de email. En tanto, en el año relevado, tampoco se lleva a los tribunales el robo de información a través de programas espías remotos.
Distritos relevados
La Ciudad y la provincia de Buenos Aires abarcan el 51,5 % (114 entre ambas), seguidas por Mendoza, Santa Fe y Córdoba. La región noroeste mantiene un alto índice pese a no tener una gran densidad poblacional. Tucumán, con 46 denuncias —21% del total—sobresale con 45 expedientes por “acceso ilegítimo a un sistema o datos informáticos”.
Respecto a los hechos denunciados en territorio bonaerense, resulta llamativo que casi la mitad de denuncias tramitadas en los juzgados criminales y correccionales está relacionada con la “alteración de evidencia informática”. Y que más de la mitad de las causas se concentra en las departamentales de Lomas de Zamora y Mar del Plata (141 denuncias de un total de 275). En detalle, en Lomas, hay un alto porcentaje de expedientes por el delito de “distribución o comercialización de imágenes de menores” (37 casos) y de “alteración de evidencia informática (30) de un total de 75 en el distrito.
En cuanto a la las denuncias recibidas por la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la C.A.B.A., 6 de cada 10 causas están relacionadas con el delito de “explotación sexual de menores de 18 años con fines inequívocos de distribución o comercialización”. Mientras que en el fuero federal, el 76 por ciento de las denuncias fueron por “entorpecimiento de comunicaciones” con un promedio mayor que la media nacional mencionada anteriormente.

FUENTE:  http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/delito-informatico-indice-denuncia/?utm_source=boletin&utm_campaign=semanal&utm_medium=email&utm_content=boletin-14-11

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO INFORMÁTICO. UBA.

sábado, 1 de octubre de 2016

“DE LA IDEA DE ROUSSEAU SOBRE UN PACTO SOCIAL, A SU REFUNDACIÓN EN LA ERA DIGITAL”.







“DE LA IDEA DE ROUSSEAU SOBRE UN PACTO SOCIAL, A SU REFUNDACIÓN EN LA ERA DIGITAL”.
“THE IDEA OF AN AGREEMENT ON SOCIAL ROUSSEAU, TO YOUR REFOUNDATION IN THE DIGITAL AGE”.

AUTORA: ROMINA FLORENCIA CABRERA. Abogada –Investigadora-Docente. UNLP-UBA-USAL- Argentina.
RESEÑA AUTOBIOGRÁFICA

Romina Florencia Cabrera. Abogada egresada de la UNLP (Argentina). Investigadora-Docente en la UBA (Invitada de la Especialización en Derecho Informático), y en la USAL (Maestría en Ciencia de la Legislación). Estudios de Posgrado sobre Recursos Humanos (UNLP), en Diplomacia Digital (DiploFoundation, Ginebra, Suiza), y sobre Seguridad (ASCASEPP). Miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos; del Instituto de Derecho Constitucional y Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, y de otras instituciones Científico -Académicas. Reconocimiento Internacional de Dignísima Jurista por la Universidad de Trujillo, Perú. Directora Internacional de Seguridad Informática. Directora de la  Dirección Internacional de Seguridad Internacional de procedimientos policiales y ASCASEPP (Asociación de Capacitacion de Seguridad Pública y Privada, registrada en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, Madrid, España, bajo el Número 591967). Autora de diferentes publicaciones, entre ellas “La ciencia jurídica y el cambio social: El rol de los Colegios de Abogados frente a los nuevos desafíos del ejercicio profesional”, “El dilema ético del ejercicio profesional. Dificultades y desafíos”, “Las redes sociales y el impacto en la vida cotidiana”, “La internet como Derecho Humano”, etc.  Miembro asociada de E-Justicia Latinoamérica a partir de junio de 2016.


PALABRAS CLAVE: Contrato Social- Digital-Internet-Derechos Humanos-Bien Común-Seguridad-Informática-Datos.
KEYWORDS: Social Contract-Digital-Internet- Human rights- Common benefit- Security- Computing- Data

RESUMEN: Las doctrinas del contrato social han tenido una importante influencia en las ideas políticas e, incluso, en la vida política actual. Dentro de ellas, la doctrina planteada por Jean-Jacques Rousseau aún tiene especial repercusión sobre diversos temas en materia política, jurídica e, incluso, en instituciones recientes. En este momento actual en el que vivimos, digitalizado y veloz,  es primordial que los gobiernos, en colaboración con todos los demás Stakeholders, adopten medidas para generar la confianza básica en que se respetará el derecho a la privacidad de las personas en Internet. Al mismo tiempo, es esencial asegurar la primacía de la Ley . Ambos objetivos no son excluyentes, de hecho, se refuerzan mutuamente. Las personas y las empresas deben estar protegidas tanto de la mala utilización de Internet por grupos criminales informáticos y terroristas como de la extralimitación de los gobiernos y las empresas que recopilan y utilizan los datos privados.
El pacto social que se propone debe basarse en un compromiso compartido de todos los Stakeholders, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados, para tomar medidas concretas en sus propias jurisdicciones con miras a generar confianza y confiabilidad en Internet.






SUMMARY: The doctrines of the social contract have had an important influence on political ideas and even in today's political life. Among them, the doctrine raised by Jean-Jacques Rousseau still has a particular impact on various topics in political, legal and even in recent institutions matter. At this present moment in which we live, digitized and fast, it is essential that governments, in collaboration with all other stakeholders, to take steps to generate the basic confidence that the right to privacy of people on the Internet will be respected. At the same time, it is essential to ensure the primacy of the law. Both objectives are not mutually exclusive, in fact, mutually reinforcing. Individuals and companies must be protected both from the misuse of the Internet by computer criminals and terrorist groups as overreaching governments and companies collect and use private data.
The proposed social pact should be based on a shared commitment of all stakeholders, both in developed countries and the least developed countries, to take concrete steps in their own jurisdictions in order to build trust and confidence in the Internet.


INTRODUCCIÓN


Siempre me ha gustado investigar y defender en sentido social de la vida. Tal vez...esto se lo debo a mi mamá, Estela Gulizzi, psicóloga, amplia defensora de la humanística , en su juventud.
Ella me enseñó, además de mi papá Hector Cabrera ( debe ser por el origen griego paterno), abogado, el amor por el conocimiento y  los Derechos Humanos .  El valioso significado de la Libertad, de la Justicia; del respeto de los Derechos de los sectores menos favorecidos y del desarrollo sustentable.  Y sobre todo, el sentido del “Bien común”: cooperar entre todos, para lograr con un granito de arena, una sociedad  más positiva para todos , donde los habitantes de este planeta puedan ser más felices ( algún iluminado, con todo respeto, me discutirá el concepto de “Felicidad”, pero no tengo la sabiduría suficiente para responder, y no es mi intención filosofar sobre ello ahora).
 Así como en el  cuerpo humano, la interrelación de todos los órganos es fundamental para el funcionamiento del mismo;  para que una persona  se desarrolle y tenga una conducta adecuada en la sociedad, es importante el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social (el medio). Por ello,  la homeostasis es necesaria que todo sistema se integre correctamente, de  una manera eficiente y eficaz.[1]

DESARROLLO

DOCTRINA DEL CONTRATO SOCIAL DE JEAN -JACQUES ROUSSEAU.
Las doctrinas del contrato social han tenido una importante influencia en las ideas políticas e, incluso, en la vida política actual. Dentro de ellas, la doctrina planteada por Jean-Jacques Rousseau aún tiene especial repercusión sobre diversos temas en materia política, jurídica e, incluso, en instituciones recientes.
Su obra El contrato social constituye una lectura muy consultada, estudiada e interpretada en la reflexión sobre diversos temas, como los fundamentos de la sociedad; la legitimidad de las decisiones; la voluntad general; la soberanía, entre otros. Sin embargo, muchas veces esa lectura es realizada de forma aislada del resto de sus obras, circunstancia que ciertamente impide una comprensión más amplia de las ideas políticas vertidas en el contrato.
Obras como el “Discurso sobre las ciencias y las artes”; el “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres“; el Emilio o de la educación”; las “Consideraciones sobre el gobierno de Polonia”; el “Proyecto de constitución para Córcega” o los “Fragmentos políticos”, a pesar de tener un contenido esencial para entender su propuesta política son desplazadas en ese estudio. Sobre todo, una obra poco conocida pero de especial importancia para comprender la complejidad del contrato la encontramos en la primer versión del contrato social también conocida comoManuscrito de Ginebra.
Este manuscrito no es una obra publicada, constituye el borrador de lo que será la versión final del contrato social. En diversos pasajes de obras y cartas se revela la existencia de este borrador, especialmente en las “Las confesiones”, en donde Rousseau describe cómo la falta de tiempo le obligo a renunciar a un proyecto más amplio sobre política. Su justificación fue que estos temas necesitan mucha reflexión, espacio y tranquilidad, circunstancias con las que no contaba.
Asimismo, consideraba que las ideas expuestas ahí eran muy atrevidas para el tiempo y el país en que vivía, además de encontrar indicios de los problemas que vendrían a partir de la sorpresa que causó el borrador a sus amigos. Incluso, consciente de los ataques que realiza al iusnaturalismo, no quiso comunicar el contenido.
Por estas razones Rousseau recortó diversas partes del manuscrito para no ser publicadas en la versión final del contrato, incluso puede notarse la supresión de un capitulo completo. Los fragmentos recortados se refieren a la interpretación del contrato social, las ideas sobre el estado de naturaleza y la naturaleza del hombre.
El manuscrito, publicado en revistas filosóficas de otros países, puede encontrarse en la web. Resulta interesante acercarse a esa lectura porque sirve para complementar ideas que parecen vagas en el contrato.[2]

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN MUNDIAL SOBRE GOBERNANZA DE INTERNET. ERA DIGITAL, PRESENTE Y FUTURO.
La Comisión Mundial sobre Gobernanza de Internet (GCIG; por sus siglas en inglés) fue establecida en enero de 2014 para articular y promover una visión estratégica para el futuro de la gobernanza de Internet.
 En recientes reuniones, la Comisión discutió sobre la potencial y perjudicial erosión de la
confianza en Internet en la ausencia de un amplio acuerdo social sobre las normas de seguridad y privacidad digital. La Comisión considera que, para que Internet siga siendo un motor global de progreso social y económico que refleje la diversidad cultural del mundo, debe restablecerse la confianza en Internet. Internet debe ser abierta y estar libremente disponible para todos en un entorno de seguridad. Así, la Comisión plantea la necesidad de que todos los Stakeholders deben colaborar y trabajar conjuntamente para adoptar normas de comportamiento responsable en Internet. Con motivo de la Conferencia Mundial sobre el Ciberespacio en La Haya, en abril del 2015, la Comisión llama a la comunidad global a construir un nuevo pacto social entre los ciudadanos y sus representantes electos,
el poder judicial, las agencias para el cumplimiento de la ley y de inteligencia, las empresas, la sociedad civil y la comunidad técnica de Internet con el objetivo de restaurar la confianza y mejorar la confiabilidad en Internet.[3]
En este momento es primordial que los gobiernos, en colaboración con todos los demás Stakeholders, adopten medidas para generar la confianza básica en que se respetará el derecho a la privacidad de las personas en Internet. Al mismo tiempo, es esencial asegurar la primacía de la Ley . Ambos objetivos no son excluyentes, de hecho, se refuerzan mutuamente. Las personas y las empresas deben estar protegidas tanto de la mala utilización de Internet por grupos criminales informáticos y terroristas como de la extralimitación de los gobiernos y las empresas que recopilan y utilizan los datos privados.
El pacto social que se propone debe basarse en un compromiso compartido de todos los Stakeholders, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados, para tomar medidas concretas en sus propias jurisdicciones con miras a generar confianza y confiabilidad en Internet. El compromiso con el concepto de seguridad colaborativa y con la privacidad debe reemplazar las prolongadas y sobrepolitizadas negociaciones y conferencias.
Los siguientes son los principios esenciales que la Comisión promueve para la elaboración del nuevo pacto social:[4]
Los Derechos Humanos fundamentales, que incluyen la protección de la privacidad y de los datos personales, deben estar protegidos en línea. Las amenazas a estos derechos deben ser atendidas por los gobiernos y otros Stakeholders actuando dentro de su propia jurisdicción y en cooperación.
La interceptación de las comunicaciones, la recopilación, el análisis y el uso de datos en Internet por parte de agencias para el cumplimiento de la Ley y de inteligencia debe hacerse con propósitos pública y previamente especificados, autorizados por la ley (incluida la Ley
Internacional de Derechos Humanos) y en consonancia con los principios de necesidad y de
proporcionalidad. Propósitos como obtención de ventaja política o ejercicio de represión no son legítimos.
En especial, las leyes deben ser públicamente accesibles, claras, precisas, comprensivas y no discriminatorias, generadas abiertamente y transparentes para las personas y las empresas. Mecanismos sólidos e independientes deben existir con el fin de que se garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos. Los abusos deberían ser susceptibles de una reparación apropiada, con acceso a un mecanismo efectivo para remediar el daño causado a las personas cuyo derecho a la privacidad haya sido violado por alguna actuación de vigilancia ilegal o arbitraria.
Las empresas u otras organizaciones que transmiten y almacenan datos usando Internet deben asumir una mayor responsabilidad para proteger dichos datos de intrusiones ilegales, de daños o de su destrucción. Los usuarios de los servicios pagados o de los llamados "servicios gratuitos" ofrecidos en Internet deben conocer y tener alguna alternativa de elección sobre todos los usos comerciales para los cuales se pudieran explotar sus datos, sin ser excluidos por ello del uso de software o de los servicios habituales que les permitan participar activamente en la sociedad de la información. Este tipo de empresas también deben demostrar capacidad de rendición de cuentas y proporcionar reparaciones en el caso de una falla de seguridad.
Es necesario revertir el proceso de pérdida de confianza en Internet producto de la operación de un mercado no transparente que recopila, centraliza, integra y analiza enormes cantidades de información privada de personas y empresas — una especie de vigilancia privada en el servicio de “big data”, que por lo general opera bajo el pretexto de ofrecer un servicio gratuito.
En concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las comunicaciones deben ser consideradas inherentemente como privadas entre las partes involucradas independientemente de la tecnología de comunicación que utilicen. El rol del gobierno debe ser el de fortalecer la tecnología de la cual depende Internet y su uso, no el de debilitarla.
Los gobiernos no deben crear ni requerir a terceros que establezcan “puertas traseras” para acceder a datos que debilitarían la seguridad de Internet. Se deben alentar y realizar esfuerzos para que la comunidad técnica de Internet incorpore soluciones que mejoren la privacidad bajo los estándares y protocolos de Internet, incluyendo el cifrado end-to-end de datos en tránsito y en reposo.
Los gobiernos, trabajando en colaboración con los técnicos, las empresas y la sociedad civil, deben ayudar a educar al público con respecto a las buenas prácticas de seguridad informática. También deben colaborar para mejorar la capacitación y el desarrollo de taskforces de software a nivel mundial para incentivar la creación de redes más estables y seguras en todo el mundo.
La naturaleza transfronteriza de muchas formas de intrusión informática restringe la capacidad del estado agredido de interceptar, investigar y enjuiciar a las personas u organizaciones responsables de esa intrusión. Los estados deberían coordinar sus respuestas y ayudarse mutuamente con el fin de reducir las amenazas, limitar los daños e impedir futuros ataques.Esta declaración ofrece la visión de la Comisión de los temas en cuestión y describe detalladamente los elementos esenciales para lograr un pacto social para la seguridad y la privacidad digital.[5]
El pacto social para una sociedad digital requerirá un nivel muy elevado de acuerdo entre gobiernos,corporaciones privadas, personas y la comunidad técnica. Los gobiernos pueden proveer liderazgo, sin embargo ellos solos no pueden definir el contenido del pacto social. Para lograr un acuerdo y aceptación amplia de todos los Stakeholders se necesitará la participación de todos los actores del ecosistema de Internet. En principio parece poco probable que un pacto social de estas características pueda ser de naturaleza universal, adecuado a las distintas realidades económicas o culturales, y ello no debería ser la meta inmediata a la que abocarnos. Internet es utilizada y valorada en todas las culturas y todas las fronteras. A veces, los cambios importantes de actitud suceden más rápidamente y de una manera más flexible de lo que podría ser posible a través de los tratados negociados o los instrumentos jurídicos internacionales. Con el tiempo, los enfoques nacionales pueden obtener reconocimiento como buenas prácticas internacionales y eventualmente adquirir el estado de derecho internacional consuetudinario. Pero eso está todavía a algunos años de distancia y la velocidad del cambio tecnológico necesita flexibilidad y soluciones innovadoras. El área de inteligencia asociada a la seguridad nacional es especialmente difícil de regular ya que hay pocas leyes internacionales que la rigen, pero ni siquiera ese dominio, en gran parte secreto, debería estar libre de consideraciones éticas y legales.
El pacto social contribuirá a generar un nuevo tipo de “seguridad y privacidad colaborativa.” El término resalta una verdad fundamental de Internet: cada parte del ecosistema digital afecta a las otras. Por ende, el nuevo pacto social no puede tratar de encontrar el equilibrio entre los derechos humanos y la privacidad y los intereses del estado o los derechos comerciales. Se trata de asegurar que exista un marco dentro del cual cada Stakeholder tenga la responsabilidad de actuar no sólo por su propio interés, sino también en el interés del ecosistema de Internet como un todo. Por definición, el proceso debería generar resultados tipo ganar-ganar en lugar de generar ganadores y perdedores. La seguridad efectiva, los modelos de negocios exitosos y los derechos humanos se refuerzan mutuamente en el largo plazo. Todos los actores deben reconocer y ejercer su cuota de responsabilidad en la seguridad y privacidad en Internet en colaboración con todos los demás, o nadie tendrá éxito.[6]
Al final, a todos los actores les interesa que Internet siga siendo confiable como un recurso global común: abierto, asequible, sin restricciones y disponible para todos como un medio seguro para generar más innovación. El gobierno, las empresas y la sociedad civil deben trabajar juntos hacia ese objetivo.[7]
El nuevo pacto social para la Sociedad Digital, implica el modelo de colaboración entre los diversos sectores del esquema de Gobernanza de Internet ( Empresa, Estado, Sector Académico, Técnico, Sociedad Civil); fortaleciendo los lazos de Cooperación Internacional, y confianza entre los Estados Miembro de la Comunidad Global. En esta época, donde tantas amenazas endógenas y exógenas, ponen en riesgo muchos proyectos, pactos y hasta factores como la credibilidad, seguridad y estabilidad del esquema donde se desarrolla Internet, habría más que nunca que poner énfasis en los principios que nos llevan a creer y a promover los Derechos Humanos, concebidos en el seno de Naciones Unidas y otros organismos Internacionales ( como fue la etapa Pos Segunda Guerra Mundial), y defendiendo más que nunca los Estados democráticos, que garantizan nuestros Derechos y Libertades.
El  Terrorismo, sobre todo  el ciberterrorismo, no reconoce fronteras, es difícil su encuadramiento, ya que no respeta reglas como en cualquier declaración de Guerra; es imprevisible, mucho más intensificado y su objetivo es cambiar el orden mundial hacia una nueva manera de vivir ( según sus creencias).
No me voy a detener en este tema. Lo único que quería rescatar, es que no se puede perder la confianza ni la fé en la evolución del esquema de Internet; creo que el respeto de los Derechos, Garantías y Deberes, deben defenderse de igual manera en línea como en la Vida no Virtual, ya que todos los habitantes de este planeta estamos inmersos en este fenómeno tecnológico, y lo que mejor se puede hacer, es avanzar hacia un futuro más estable, confiable, solidario y más ameno no solo para nosotros, sino para los futuros habitantes de este planeta. No tengo hijos, pero si los tuviera, me gustaría que gocen de las mismas libertades que yo disfruté, o más aún, que crezcan en un mundo sin tantos prejuicios, donde se desarrolle el verdadero concepto de libertad, respeto y tolerancia.


APORTE DE LA DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA DEL OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DATOS.
En la Era Digital, donde los Derechos Humanos deben respetarse dentro y fuera de Internet, la protección de datos personales en un Derecho autónomo e independiente ( según la Agencia Española de Protección de Datos) que solicita especial atención; ya que la intimidad y privacidad de las personas se ven comprometidas  en este mundo informatizado.

El pasado sábado día 15 de marzo de 2016 se presentó la novena Declaración de la iniciativa del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos en San José (Costa Rica). La presentación del documento tuvo lugar en el transcurso del II Privacy Data Protection Forum, organizado por MODUS en colaboración con el Observatorio Iberoamericano de la Protección de Datos, en el Hotel Hotel Real Intercontinental de San Rafael de Escazú.[8]
En el evento participaron Mauricio Garro (Director de la Agencia de Protección de los Datos de los Habitantes de Costa Rica), Mauricio París (Managing Partner de Expertis), Daniel López Carballo (Senior Associate de ECIJA Abogados), Lía P. Hernández (Presidenta de la Comisión de Derecho de las Nuevas Tecnologías del Colegio Nacional de Abogados de Panamá) y Elena Davara (Partner de Davara & Davara). Entre los temas de actualidad que fueron abordados, destacan el derecho al olvido, la situación de la normativa en materia de protección de datos en Costa Rica, la regulación de los drones y su incidencia en la privacidad, el mercado negro de datos personales, las transferencias transfronterizas de datos y el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
La presentación de la “Declaración de San José, hacia la implantación de un Sello sobre el tratamiento de datos personales en Iberoamérica” corrió a cargo de Daniel López Carballo (Director del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos) y Mauricio París (coordinador de la iniciativa en Costa Rica).
La preparación del texto presentado contó con la participación activa de juristas de reconocido prestigio de Argentina, Colombia, España, Ecuador, Costa Rica, Chile, México, Perú, Uruguay y Cuba, contando con el apoyo de instituciones en el ámbito de la protección de datos, como el Centro de Protección de Datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.[9]
El documento de trabajo fue elaborado por Romina Florencia Cabrera ( que dialogo con vosotros a través de este artículo) ,  María Paulina Casares Subía, Camilo Alfonso Escobar Mora, Joel Gómez Treviño, Alonso Hurtado Bueno, ​Lorena Higareda Magaña, Lilibeth Alvarez, Dulcemaría Martínez Ruíz, Sara Molina Pérez-Tomé, Eduardo Lagarón Martín, Mauricio París, Romina Garrido, Jessica Matus, Héctor Guzmán Rodríguez, Ramón Miralles López, Milagros Olivos Celis, María Julia Giorgelli, Agustina Callegari, Javier Raimo, Lainiver Mendoza Munar, Laura Vivet Tañà, Matías Jackson, Cynthia Tellez Gutierrez, Patricia Reyes Olmedo y Yarina Amoroso Fernández, coordinador por Daniel López Carballo y Francisco González-Calero Manzanares.
La Declaración nace como reflexión y exposición de la situación actual en materia de protección de datos en Iberoamérica y las líneas programáticas por los que se debería apostar en pro de una mayor protección del derecho a la intimidad, la propia imagen y el honor de las personas, en una rama del derecho tan necesaria y en ocasiones desconocida por los ciudadanos.
En este sentido, si bien existe un consenso unánime en la validez y vigencia de los principios de protección de datos personales en Iberoamérica, también hay coincidencia generalizada en la necesidad de revisar su contenido para hacerlo más acorde con las exigencias que la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación plantean.
Tras el análisis de realizado por los colaboradores de la iniciativa del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, pueden extraerse entre las conclusiones, la necesidad de implementar mecanismos más seguros de certificación en materia de protección de datos, permitirá al titular, realizar una evaluación rápida en relación al nivel de protección que los encargados del tratamiento de sus datos le están ofreciendo.
Por lo que el Sello planteado facilitará, igualmente, las transferencias internacionales de datos, puesto que las realizadas bajo su paraguas se entenderán realizadas con suficientes garantías de protección.
Para los autores, para dar una protección efectiva de los datos personales en Iberoamérica y por consiguiente el sello de protección de datos es necesario que se implemente y replantee de una manera adecuada, legislación en la materia y la implementación de dichas normas de manera coordinada y global en la región. Y es que, la situación actual del ordenamiento jurídico en Iberoamérica resulta contradictoria, puesto que si bien, gran parte de los países cuentan con un reconocimiento de carácter fundamental del derecho a la protección de datos personales y un marco jurídico que establece los mínimos para su desarrollo, el nivel de protección de los datos personales no es el adecuado de acuerdo con los estándares.
Los Sellos de Protección de Datos derivan de los procesos de certificación o autorregulación contemplados en algunas normas de protección de datos personales. En este sentido, es importante destacar que la sociedad evoluciona de una manera vertiginosa hacia sistemas de exigencia y garantía mayores, por lo que hoy en día las empresas y otras personas jurídicas deben pensar en un modelo de gestión diferente y por ende del tratamiento de los datos personales que se manejan.
El Sello Iberoamericano de protección de datos, se propone como un mecanismo voluntario de certificación o marca de protección de datos, que permitirá a los interesados reconocer el nivel de protección de datos que ofrecen los responsables y encargados del tratamiento sobre sus productos y servicios. La generación de confianza entre los interesados, sin duda, traería consigo una notable mejora en la imagen corporativa de la empresa, certificando los tratamientos de datos bajo las máximas de calidad y excelencia, así como una garantía mucho más fuerte para los posibles afectados por el inadecuado tratamiento de sus datos personales.
En un momento crucial en el ámbito normativo europeo e iberoamericano, donde se tramita un nuevo Reglamento y Ley Marco y, los propios países se encuentran aprobando nuevas leyes, unido a los constantes flujos de información y transferencias de datos entre empresas en un mundo globalizado, hacen necesaria una homogeneización normativa por parte de los propios Estados, y el avance en sistemas como el planteado por  instituciones y empresas, en aras a una mayor protección y confidencialidad de la información de las personas.
Para los ponentes la Declaración de San José se constituye como una propuesta de gran impacto, y sentará en buena medida una tendencia enfocada en la auto regulación y aplicación de las mejores prácticas en materia de protección de datos en empresas y organizaciones gubernamentales[10].

DEBERES HUMANOS
Sin embargo, o quizá por eso, urge recordar que hay también deberes humanos.
Al principio eran los deberes
Ulpiano, un gran jurista nacido en Tiro (hoy Líbano), buscó en la Roma imperial puntos de partida que fueran universales para cualquier ordenamiento jurídico. Y llegó a formular tres principios: “honeste vivere” (vivir honestamente), “alterum non laedere” (no dañar a los demás) y “suum quique tribuere” (dar a cada uno lo suyo).
Aquí mismo, hace pocos días un Académico se refirió a ellos. Sólo los recuerdo para mostrar que esos tres principios que estarían en la base del Derecho, no son sino deberes.
Los derechos no pueden existir sin deberes: hay derechos y pretensiones exigibles, precisamente porque existen deberes. En general, hay un gran silencio sobre los deberes humanos.
Ese silencio merecería un profundo análisis, en el que no se excluya el desarrollo, al mismo tiempo que los derechos humanos, de una idea de la autonomía personal que en su paroxismo intenta identificar cualquier pretensión subjetiva con un derecho. Respetando esa autonomía que es signo de la época, la Bioética Jurídica[11] trata hoy de discernir cómo se preservan valores en las fronteras de la vida.
Lamentablemente, el discurso de los derechos humanos (esa “utopía realista”, a la que alude Habermas), ha llegado a omitir los deberes hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la sociedad en su conjunto, el ambiente y las futuras generaciones.
La sombra de ese eclipse se proyecta incluso sobre la escuela. Los deberes escolares eran una primera ejercitación de ciudadanía. Hasta hace pocos años los padres condicionaban exigencias de los hijos a que realizaran sus deberes. Parece gracioso, pero hoy los niños ni oyen esa palabra. La escuela la erradicó: harían “la tarea”.
Más llama la atención ese silencio, si recordamos que la misma Declaración Universal que el 10 de diciembre de 1948 proclamó solemnemente en París los Derechos Humanos, expresa en su artículo 29º que “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”.[12]
Los derechos no pueden existir sin deberes. Hay derechos y pretensiones exigibles, precisamente porque existen deberes
Ese mismo año, la declaración que en Bogotá fundaba el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fue titulada “De Derechos y Deberes del Hombre”, puntualizando en su preámbulo que “el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad…”
Proclama allí que “los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan” y culmina con otra frase casi olvidada: “puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre…”
Un prestigioso Instituto Internacional propicia actualmente sancionar en cada país un Código de Derechos Humanos como parte de su derecho interno (tal como existe uno Civil y Comercial, o Penal). Bienvenida la propuesta. Gran tarea será conjugar en ese Código deberes humanos como los detallados en la Declaración Americana.[13]


REFLEXIONES FINALES:
La sociedad actual debe encontrar el camino hacia la convivencia pacífica y el respeto del semejante, en este mundo globalizado, modernizado, digitalizado y veloz. Esto reforzará los ideales republicanos y democráticos de libertad, igualdad y fraternidad que se expusieron, promovieron y defendieron en torno al contrato social.
Rescatar valores tradicionales, que son básicos, pero adaptados a la realidad que nos toca vivir día a día; no sólo a gran escala de los Estados, Empresas  y Relaciones Diplomáticas, sino la situación cotidiana. La familia, unidad primaria y necesaria de socialización está en crisis, y es urgente que se dejen de negar y adormecer los conflictos sociales con distracciones y modos de vida light, para volver a las raíces.
Tantos Derechos Humanos conquistados, para que se resalte la maldad, la violencia y la burla a los demás como prácticas habituales y naturales.
Hay que premiar la solidaridad, los actos de bondad,  amor,  esfuerzo,  trabajo,  estudio, ecología, y sentimientos con compromiso social y personal.
Utilizar las Tics (Tecnologías de la Comunicación y la Información) al servicio del Hombre y no al  revés. Si no seremos un mundo de autómatas, no humanizados y totalmente programados. Se debe hacer hincapié en la Infoética como práctica natural y científica, tal como lo expresa mi Primo, el Reconocido Profesor Dr. Antonio Anselmo Martino, cuando analiza los Sistemas Expertos Legales y  la Inteligencia Artificial  (hasta su punto filosófico y lógico). 
Volvamos a sorprendernos por las cosas más sencillas: la belleza se manifiesta de las maneras más sensibles y maravillosas en la naturaleza. Busquemos el sentido de la vida nuevamente (cada uno respetando sus creencias internas y las del otro). Cuando el ser humanos pierde su capacidad de asombro, pierde su amor a la filosofía, y su práctica y reflexión. Recuperemos el camino al bien común, y refundemos el Contrato social de Rousseau, como lo expresó este Maestro y sus contemporáneos en su tiempo, pero flexible a nuestra Era Digital.


[1] Aclaro que este trabajo, con su título original, se ha publicado en otros sitios, como El Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. Lo he extendido y modificado según los requerimientos formales de la presente publicación, para su exclusividad y rigor científico adecuados.
[2] Grado Cero Prensa; un espacio para la  difusión de las Ciencias Sociales y la Filosofía. “El manuscrito de Ginebra de Jean- Jacques Rousseau”. 15 de mayo de 2015. Sitio Web: https://gradoceroprensa.wordpress.com/2015/05/15/el-manuscrito-de-ginebra-de-jean-jeacques-rousseau/ 
Fecha de consulta del sitio: 15/5/2015.

[3] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web::  http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.
[4] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web::  http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.
[5]
[6] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web::  http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.
[7] Global Commission on Internet Governance. “Hacia un pacto social para la Seguridad y Privacidad Digital”. 2015. Traducción realizada por AHCIET, Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Sitio Web::  http://ahciet.net/index.php/ahciet-al-dia. Fecha de Consulta del Sitio: 15/2/2015.
[8]  López Carballo, Daniel, Director del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. Presentación de la Declaración de San José. Sitio Web: http://oiprodat.com/2016/03/31/presentacion-de-la-declaracion-de-san-jose/ . Fecha de consulta del Sitio: 14/08/2016.  Se puede encontrar la Declaración completa en http://oiprodat.com/declaracion-de-san-jose/

[9]  López Carballo, Daniel. Óp. Cit.
[10] López Carballo, Daniel.  Óp. Cit.  
[11] Tau, José María. “El ecilpse de los deberes humanos”. Diario “El Día”, Argentina. Edición impresa 21/4/2016, o en sitio web  http://www.eldia.com/opinion/el-eclipse-de-los-deberes-humanos-130573. Fecha de consulta del sitio web: 23/4/2016. Al situar la dignidad humana (dignidad proviene del vocablo latino “dignitas”, que traduciría la palabra griega “axioma”: lo que no necesita demostración) como centro y finalidad de todo el Derecho, la Bioética Jurídica se nutre de la filosofía de los derechos humanos.
Estos derechos constituyen una de las máximas conquistas del humanismo, en tanto no dependen del lugar de nacimiento, posición social, color de piel o religión, sino tan sólo de… ser humano. Mucho padeció la humanidad como para que alguien intente menoscabar su valor.



[12] Tau, José María. Op cit.
[13] Tau, José María .Op cit.